Sostenibilidad empresarial en España: retos y límites de la responsabilidad medioambiental

Abstract

En un mundo globalizado en el que desde hace tiempo las empresas realizan comunicaciones acerca de su rendimiento medioambiental aprovechándose de la expansión de los mercados verdes, es importante recordar una frase de Al Gore, activista medioambiental y exvicepresidente de Estados Unidos, quien dice: si dejamos que el greenwashing se nos vaya de las manos, entonces se corre el riesgo de descarrilar los procesos logrados con tanto esfuerzo . En línea con esta declaración, se analizará si la Directiva (UE) 2024/825, relativa al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, constituye un instrumento jurídico eficaz para combatir el greenwashing en España. Para ello, se comenzará partiendo de la brecha estructural entre la responsabilidad material de las empresas (regulada a través de la Directiva 2004/35/CE) y su responsabilidad comunicativa, cuya regulación descansa en un entramado normativo fragmentado, compuesto por la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal y la “TRLGDCU ”. Se examinará el alcance y las limitaciones de la Directiva 2024/825, y su transposición al ordenamiento español a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, así como las consecuencias de la supresión de la propuesta sobre alegaciones ambientales (Green Claims Directive). Se concluye que la Directiva 2024/825 no es, por sí sola, suficiente para colmar y arreglar las debilidades estructurales que hay en el sistema español, y se formulan unas propuestas de mejora: la verificación selectiva ex ante de ciertas alegaciones ambientales, la creación de una autoridad supervisora unificada y el refuerzo del régimen sancionador.

In a globalised world where companies have long engaged in communications about their environmental performance by capitalising on the expansion of green markets, it is worth recalling the words of Al Gorde, environmental activist and former vice-president of the United States, who warned that if greenwashing is allowed to get out of hand, there is a risk of derailing the progress achieved through so much effort . In line with this statement, this paper examines whether the Directive (UE) 2024/825 on empowering consumers for the green transition constitutes an effective legal instrument to combat greenwashing in Spain. To this end, the analysis departs from the structural gap between the material environmental liability of companies (governed by Directive 2004/35/CE) and their communicative liability, which rests on a fragmented regulatory framework comprising the “Ley General de Publicidad”, the “Ley General de Competencia Desleal” and the “TRLGDCU ”. The scope and limitations of Directive 2024/825 and its transposition into Spanish law through the draft law on sustainable consumption are assessed, alongside the consequences of the withdrawal of the proposed Green Claims Directive. The paper concludes that Directive 2024/825 alone is insufficient to remedy the structural weaknesses of the Spanish system and puts forward some reform proposals: the selective ex ante verification of certain environmental claims, the creation of a unified supervisory authority and the strengthening of the sanctions regime.