Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11531/12254
Título : El menor en el proceso penal : sus declaraciones como víctima y como testigo
Autor : Díez Riaza, Sara
Alcalá Martínez-Sagrera, Cristina
Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Derecho
Palabras clave : 56 Ciencias Jurídicas y Derecho;5605 Legislación y leyes nacionales;560507 Derecho público
Fecha de publicación : 2017
Resumen : El menor, como sujeto especialmente vulnerable, merece una especial protección por parte de la justicia penal, con el objetivo de reducir la victimización del mismo en el proceso penal. Lo ideal para alcanzar esta meta es la restricción de las comparecencias del menor en el proceso a aquellas estrictamente necesarias. Esta protección ha girado en torno al principio del interés superior del menor, cuya consideración ha de estar presente en cualquier decisión judicial que afecte al mismo. Sin embargo, ha de modularse la necesaria protección del menor con el respeto al derecho de defensa del inculpado; cuya vulneración en ningún caso queda justificada por la salvaguarda del interés superior del menor. Se trata por tanto de buscar un equilibrio entre el adecuado trato del menor en el proceso penal y el derecho de defensa del acusado; y surge así el principio de contradicción de las partes. De este modo, sólo será posible eludir la comparecencia del menor en el proceso penal en aquellos casos en los que la declaración prestada fuera del juicio oral se haya practicado respetando la contradicción de las partes. El Estado Español, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la relación del menor con la Administración de Justicia, prevé en su ordenamiento jurídico una serie de mecanismos tendentes a la protección del menor en el proceso penal. En primer lugar, destacan la prueba anticipada y pre constituida, que permiten reproducir en el juicio oral la declaración del menor realizada con anterioridad a dicha fase, eludiendo así la comparecencia del menor. En segundo lugar, prevé la legislación española la elaboración, por parte de un experto, de un informe pericial sobre la veracidad de la declaración del menor, y de la que podrá servirse el órgano judicial a la hora de valorar dicha declaración. En tercer lugar, la videoconferencia se erige como instrumento técnico que permite la práctica de la prueba testifical sin necesidad de confrontación visual del menor con el acusado. Por último, conviene destacar el importante papel del fiscal en el proceso penal como protector del menor. Se logra así una eficiente protección del menor, modulada en todo caso por la salvaguarda del derecho de defensa del inculpado.
Under aged children are especially vulnerable; which justifies the need for a higher level of protection from the Justice Administration, with the goal of reducing their victimization in the criminal process. The ideal strategy in order to achieve this is to restrict the child ́s presence in court to that strictly necessary. This protection is based on the “best interest of the child” principle, which must guide any judicial decision affecting such child. However, the child ́s protection cannot affect the alleged offender’s right to a defense. There needs to be a balance between the child ́s protection and the alleged offender ́s right to a defense. This is the origin of the contradiction principle. The child ́s presence in court can only be exempted if the principle of contradiction is not broken. Spain, so as to comply with its international obligations regarding children and their relationship with the Justice Administration, has adopted several mechanisms that protect the child in the criminal process. Firstly, it is possible to construct a witness testimony outside court and play it in during the trial. Secondly, an expert can examine the child and draw up a report on his or her level of credibility when testifying. Thirdly, the method of the videoconference allows the witness to testify without establishing direct visual contact with the alleged offender. Finally, the prosecutor has a very important role in Spanish law as a protecting agent for the child. Spain has managed to implement a system that efficiently protects the child, even though the alleged offender ́s right to a defense must always be taken into account.
Descripción : Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas
URI : http://hdl.handle.net/11531/12254
Aparece en las colecciones: KDB-Trabajos Fin de Grado

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