La prueba tecnológica

Abstract

Actualmente, nos encontramos ante lo conocido como “era digital” o “era de la información”, una etapa caracterizada por una elevada intromisión tecnológica en todo tipo de ámbitos. El mundo jurídico no puede quedarse al margen y, por tanto, se pretende una digitalización de la Administración de Justicia. Tras exponer la relevancia que las tecnologías revisten en la sociedad actual, es preciso matizar la necesidad de su concienciación y educación en lo que a su utilización se refiere. Concretamente, se procede a analizar la prueba tecnológica dado que este tipo de avances permiten una comunicación instantánea entre todo tipo de usuarios. Consecuentemente, dada la magnitud de información que se transmite a través de estos medios electrónicos, se requiere cuestionar si la información electrónica o la almacenada en soportes de este calibre, es válida para ser alegada a efectos probatorios en un proceso judicial. El problema radica en carecer de un concepto jurídico determinado de prueba tecnológica, así como también dada la inexistencia de una regulación jurídica propia que le resulte de aplicación.

Currently, we are facing what is known as "digital age" or "information age", period characterized by a high level of technological interference in all type areas. The legal world can not remain on the sidelines and therefore, a digitalization of the Administration of Justice is required. After exposing the relevance that technologies have in today's society, it is necessary to clarify the need for their awareness and education regarding their use. Specifically, we proceed to analyze the technological evidence given that this type of progress allows instant communication between all types of users. Consequently, given the magnitude of information that is transmitted through these electronic devices, it is necessary to question whether the electronic information or the information stored in these devices, is valid to be alleged for evidentiary purposes in a judicial process. The problem lies in lacking a determined legal concept of technological evidence, as well as the lack of a proper legal regulation that results applicable.