Vicisitudes de la regulación del delito de genocidio en España: repercusiones en el caso Tibet

Abstract

El delito de genocidio nació a mediados del siglo pasado, acuñado por el jurista polaco Lemkin, tras las masacres que estremecieron al mundo llevadas a cabo contra judíos y armenios. Aunque debieron pasar varios años, el delito finalmente se incluyó en textos legales internacionales y en 1971 en nuestro Código Penal. En este trabajo analizaremos el delito de genocidio en nuestra regulación y nos adentraremos en el caso del Tíbet, la historia de su conflicto con China a lo largo del siglo XX y la repercusión que ha tenido a nivel internacional. A a raíz de una querella interpuesta ante la justicia española, se abrió en 2006 un procedimiento que dio lugar a la calificación de los hechos como constitutivos de un posible delito de genocidio por la Audiencia Nacional y al libramiento de Órdenes Internacionales de Detención contra cincos altos cargos del gobierno chino. Como cabía esperar, esto provocó la reacción de China, que presionó al Gobierno español para que desistiera del caso. El resultado fue una reforma de la justicia universal en nuestro país que ha limitado de una forma dudosamente acertada las posibilidades de conocimiento del delito por nuestros tribunales.

The crime of genocide was born in the middle of the 20th Century, coined by the Polish jurist Lemkin after the massacres carried out against Jews and Armenians shocked the world. However, several years were to elapse before the crime was finally included in international legal texts and in the Spanish Criminal Code in 1971. In this essay we will analyse the crime of genocide in the Spanish regulation and we will take a closer look at the Tibet case, the history of its conflict with China during the 20th century and its international repercussion. As a result of a lawsuit brought before the Spanish courts, a criminal proceeding was instituted in 2006. This proceeding resulted in the qualification of the acts as constitutive of a possible genocide by the Spanish National High Court and, consequently, in the issuance of International Arrest Warrants against five senior members of the Chinese Government. As might have been expected, this caused China’s reaction, who pressed the Spanish Government to terminate the proceeding. The result was a reform of the Spanish universal justice which limited in an arguably appropriate way the possibilities of knowledge of the case by the Spanish courts.