Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11531/20661
Título : El empleo y la discapacidad : dificultades y retos
Autor : Bengoechea Gil, María Ángeles
Muñoz Porras, Luis
Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Derecho
Palabras clave : 56 Ciencias Jurídicas y Derecho;5602 Teoría y métodos generales;560203 Filosofía del derecho
Fecha de publicación : 2018
Resumen : Para solventar este problema tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene el empleo y la repercusión que provoca en la esfera personal y emocional de cualquier persona. Tal y como he expuesto con anterioridad, son varios los impedimentos que complican la integración laboral de este colectivo. Y son varias las prácticas discriminatorias de las que son víctimas. Por otro lado, urge un reciclaje moral ya que es uno de los ámbitos donde existen una gran mayoría de prejuicios infundados objetivamente asentados en la sociedad y en la mentalidad de los empresarios. La formación es importante pero no es suficiente para lograr la integración laboral de las personas discapacitadas ya que la discriminación cuenta con mucha mayor presencia en el terreno de contratación de estas personas. Acceder al mercado laboral tiene una importancia decisiva en el proceso vital y de madurez de las personas. Por ello, gozan de especial relevancia los servicios de empleo, diseñados por iniciativas gubernamentales, que proporcionan una atención específica y que promocionan servicios de colocación expertos que basados en la orientación profesional y cuenten con proyectos formativos. Asimismo, deberán contar con actividades preformativas que garanticen las habilidades sociales mínimamente básicas. El modelo pretendido debe ser el empleo ordinario, mientras que el empleo protegido debe ser la alternativa al anterior. La integración laboral deber llevarse a cabo con la exigencia de conseguir el objetivo de facilitar la plena incorporación posible de las personas con discapacidad a la sociedad gracias a un empleo ordinario. Sin embargo, también es cierto que no todas las personas discapacitadas están capacitadas para cumplir con las exigencias del mercado ordinario ni han podido realizar las experiencias profesionales que la empresa demanda. Por ello, el empleo protegido para estas personas debe ser apoyado por los gobiernos, como apoyo a la realización de experiencias y ocupaciones que facilitan posteriormente la incorporación al empleo ordinario, y como fórmula empresarial alternativa para enfrentar las dificultades reales que para la incorporación al empleo ordinario tienen las personas discapacitadas. En el mercado del empleo protegido, los poderes públicos deben ensayar y regular fórmulas novedosas de organización del trabajo y de la producción de acuerdo con la realidad social y laboral de cada país para la incorporación de las personas con discapacidad al empleo a través de mecanismos como los enclaves ocupacionales, programas de empleo con apoyo, etc., siempre que no se distorsione ni a la organización de la empresa ni se pongan en riesgo sus reglas de funcionamiento. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento real de las normas de promoción de empleo. La cuota de reserva de empleo a favor de las personas discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, han demostrado su eficacia, a pesar de los insuficientes niveles. Los poderes públicos deben progresar en esta regulación y en el logro de un respeto formal y real de las cuotas de empleo. A su vez, en caso de hipotético incumplimiento por parte de las organizaciones obligadas a cumplirlas, deberán demostrar argumentos de su no viabilidad y deberán promover la existencia de sistemas alternativos que sustituyan esta obligación por otras dirigidas a redireccionar el empleo en los centros protegidos destinados a la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad. Los incentivos fiscales a las empresas que emplean a discapacitados también contribuyen a facilitar la colocación y a promover la adaptabilidad razonable de los puestos de trabajo a las dificultades de acceso que estos pueden tener en el centro de trabajo. No vale cualquier empleo. Es necesario incorporarse a un empleo de mayor calidad, donde la dignidad humana, autonomía personal y las posibilidades de promoción personal se vean garantizadas. Anteriormente, he señalado que frente al riesgo de la exclusión en el empleo que afecta a muchos colectivos, especialmente a las personas discapacitadas, hoy estamos ante nuevos riesgos relacionados con la mayor o menor calidad de los empleos que se obtienen. Los trabajos precarios o de baja calidad suelen ser ocupados por los sectores más débiles por su baja cualificación inicial y su necesidad de aceptar cualquier empleo que se le presente. Trabajemos juntos para devolverles inmediatamente la dignidad arrebatada
To solve this problem we have to realize the importance of employment and the impact it has on the personal and emotional sphere of any person. As I have outlined above, there are several hindrances that complicate the professional integration of this collective. And there are several discriminatory practices of which they are victims. On the other hand, there is an urgent need for moral retraining, as this is one of the areas in which there is a large majority of objectively unfounded prejudice in society and in the mindset of business owners. Training is important but not sufficient to achieve the integration of disabled people into the labour market, given that discrimination has a much greater presence in the field of employment as it pertains to disabled people. Access to the labour market is of decisive importance in the life and maturity process of all people. For this reason, employment services, designed by government initiatives, which provide targeted support and promote expert placement services based on professional guidance and training projects, are particularly important. They must also have pre-training activities that guarantee basic social skills. The intended model should be ordinary employment, while protected employment should be the alternative to the previous one. Labour integration must be carried out with the aim of achieving the objective of facilitating the full and possible incorporation of people with disabilities into society through ordinary employment. However, it is also true that not all disabled people are able to meet the demands of the ordinary market and have not been able to carry out the professional experiences that the company demands. For this reason, protected employment for these people must be supported by governments, as support for the implementation of experiences and occupations that facilitate their subsequent incorporation into ordinary employment, and as an alternative business formula to face the real difficulties that disabled people face in their incorporation into ordinary employment. In the protected employment market, the public authorities must test and regulate innovative formulas for the organization of work and production in accordance with the social and labor reality of each country in order to incorporate persons with disabilities into employment through mechanisms such as occupational enclaves, supported employment programs, etc., provided that neither the organization of the company nor its operating rules are distorted or put at risk. The public authorities must ensure that the rules on the promotion of employment are actually complied with. The employment reserve quota for people with disabilities, both in the public and private sectors, has proved its effectiveness, despite insufficient levels. The public authorities must make progress in this regulation and in achieving formal and real respect for employment quotas. At the same time, in the event of hypothetical non-compliance on the part of the organisations obliged to comply with them, they must demonstrate arguments for their non-viability and must promote the existence of alternative systems that replace this obligation with others aimed at redirecting employment in the protected centres aimed at promoting the employment integration of disabled people. Tax incentives for companies employing people with disabilities also help to facilitate job placement and promote the reasonable adaptability of jobs to the difficulties they may have in accessing the workplace. It's not just any job. It is necessary to be incorporated into higher quality employment, where human dignity, personal autonomy and the possibilities of personal promotion are guaranteed. Previously, I have pointed out that in the face of the risk of exclusion from employment that affects many groups, especially disabled people, we are now faced with new risks related to the higher or lower quality of the jobs obtained. Precarious or low-quality jobs are often held by the weaker sectors because of their low initial qualifications and their need to take on any jobs that come their way. Let's work together to immediately restore their stolen dignity.
Descripción : Grado en Derecho
URI : http://hdl.handle.net/11531/20661
Aparece en las colecciones: KDB-Trabajos Fin de Grado

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