Aproximación a los recientes arbitrajes contra España en el sector energético. Una mirada crítica al arbitraje de inversión

Abstract

España se enfrenta a una de las sagas arbitrales más importantes, en cuanto a número de procedimientos y cantidad reclamada, de los últimos años. La abolición del marco regulador de las energías renovables establecido en 2007 dio lugar a una avalancha de demandas de inversores extranjeros contra el Reino de España. El objetivo de este trabajo es abordar el arbitraje de inversión como una figura jurídica y luego hacer un análisis específico del caso español. La situación de déficit tarifario en el sector eléctrico, agravada por la crisis de las "subprime", obligó a España a poner fin al régimen eléctrico establecido en 2007, lo que, según los inversores afectados, constituía una violación del Tratado sobre la Carta de la Energía. Se trata de un interesante estudio de caso sobre los límites del derecho de regulación de los Estados y la norma del principio de trato justo y equitativo. La posición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los TBI en el reciente caso Achmea hace que el documento sea más complejo en lo que respecta a la fase de ejecución de los laudos.

Spain is facing one of the most important arbitration sagas, in terms of number of proceedings and amount claimed, in recent years. The abolition of the regulatory framework for renewable energies established in 2007 led to a flood of claims by foreign investors against the Kingdom of Spain. The purpose of this paper is to approach investment arbitration as a legal figure and then make a specific analysis of the Spanish case. The situation of tariff deficit in the electricity sector, aggravated by the "subprime" crisis, forced Spain to put an end to the electricity regime established in 2007, which according to the investors concerned was a violation of the Energy Charter Treaty. This is an interesting case study of the limits of the right to regulate of States and the standard of the principle of fair and equitable treatment. The ECJ's position on BITs in the recent Achmea case makes the paper more complex with regard to the enforcement phase of awards.