Análisis de la crisis migratoria en Europa desde el Derecho Penal Internacional.

Abstract

En 2015, la Unión Europea se enfrentó a una crisis migratoria sin precedentes. Los conflictos y violaciones de derechos humanos en países de África y Oriente Medio, principalmente en Siria, provocaron que miles de personas emprendieran rutas inseguras e ilegales para llegar hasta Europa. Así, la llegada de migrantes cruzando Mediterráneo se convirtió en el centro de atención de la agenda política europea. En este contexto, la legalidad de las políticas de inmigración implementadas por la UE en el Mediterráneo central desde el año 2013 es cuestionable desde la perspectiva del Derecho Penal internacional (“DPI”). Por ello, cabe analizar la responsabilidad penal potencial de los agentes europeos que acuerdan e implementan dichas políticas de inmigración en virtud de lo establecido en el art. 7 del Estatuto de Roma relativo a los crímenes de lesa humanidad. El DPI juega un papel esencial en garantizar la protección de los derechos humanos, responsabilizando a los individuos que cometen flagrantes violaciones de dichos derechos. Este caso plantea cambiar el enfoque tradicional del DPI: incluir bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no sólo crímenes internacionales de carácter político sino también crímenes internacionales originados en la desigualdad socioeconómica global, como serían las violaciones generalizadas de los derechos humanos de los migrantes. La viabilidad del asunto plantea numerosas dificultades técnico-jurídicas pero, en cualquier caso, su investigación y enjuiciamiento supone cerciorar la independencia que debe regir la actuación de la Corte Penal Internacional y garantizar que el DPI tiene un alcance realmente universal y no limitado a la visión de Occidente.

In 2015, the European Union faced an unprecedented migration crisis. Conflicts and human rights violations taking place in African and Middle Eastern countries, mainly in Syria, caused thousands of people to embark on unsafe and illegal routes in order to reach Europe. Thus, the arrival of migrants across the Mediterranean became the focus of the European political agenda. In this context, the legality of the immigration policies implemented by the EU in the central Mediterranean since 2013 is questionable from the perspective of International Criminal Law ("ICL"). For this reason, it is worth analyzing the potential criminal liability of the European agents implementing these immigration policies in accordance with Article 7 of the Rome Statute on crimes against humanity. ICL plays an essential role in ensuring the protection of human rights by holding individuals responsible for committing gross human rights violations. The present case proposes to change the traditional approach of ICL: to include under the jurisdiction of the International Criminal Court not only international crimes of a political nature but also international crimes arising from global socio-economic inequality, such as violations of the human rights of migrants. The viability of this matter poses many technical and legal difficulties but, in any case, its investigation and prosecution involves ensuring the independence that should govern the actions of the International Criminal Court and guaranteeing that ICL has a truly universal scope, not limited to the vision of the West.