¿Cómo abordar en prisión los delitos económicos y contra la salud pública?

Abstract

A pesar de que tanto en el Reglamento Penitenciario Militar (art 31.4) como el Reglamento Penitenciario (art 65) hablan de la necesidad de modificar los elementos relacionados directamente con el delito a través del tratamiento penitenciario, hasta el momento no existía un tratamiento específico para las personas que estaban en los centros penitenciarios civiles o militares de nuestro país por haber cometido delitos económicos. Cuando hablamos de delincuentes económicos, nos referimos a personas que cometen el delito en su lugar de trabajo, cuentan con un medio-alto nivel socioeconómico y no se consideran a sí mismos como delincuentes (Sutherland et al., 1983). Además, en este tipo delictual se produce lo que se denomina una moral de frontera , es decir, ni la víctima ni el victimario se consideran como tal (Burgos, 2015), fenómeno que en ocasiones ocurre también en los delitos contra la salud pública. En cuanto a las investigaciones empíricas existentes sobre la delincuencia económica, son escasas. Los resultados que se pueden extraer de ellas es que los delincuentes económicos son personas con un pensamiento de tipo concreto, locus de control externo e inestabilidad emocional (Arroyave Cortés & Guerrero Zapata, 2010). Asimismo, analizando sus discursos se encontraron mecanismos de defensa como la justificaciones, excusas y explicaciones (Benson, 1985). En base a las teorías criminológicas que abordan el delito económico y las investigaciones empíricas, se diseñó un tratamiento penitenciario en forma de taller para el delito económico y contra la salud pública, ya que se entendía que ambas tipologías delictivas poseían características similares.Nuestra intervención consistió en 8 sesiones impartidas por dos psicólogas y criminólogas con perspectivas sistémica y cognitivo-conductual. Usamos test-retes de un test de deseabilidad social (Lara-Cantú & Suzan-Reed, 1988), locus de control (Brenlla & Vázquez, 2010) y una adaptación del test de ética en los negocios (Stevens, 1979). También preguntamos de forma cualitativa con una pregunta abierta a los participantes sobre su percepción de cambio. A pesar de los resultados positivos en la visualización de la víctima en estos delitos, no hemos logrado cambiar su perspectiva en el locus de control ni la deseabilidad social, aunque suele ser elevada en entornos forenses (Díaz & Rivas, 2003). Asimismo, las razones por las que los tests no han dado resultados concluyentes pueden ser múltiples: como la no obligatoriedad de asistencia continuada a las sesiones o la inadecuación de los tests para medir lo trabajado en las sesiones. Finalmente, es necesaria mayor investigación empírica en esta tipología delictual para mejorar las intervenciones.

Despite both the Military Penitentiary Regulation (art 31.4) and the Penitentiary Regulation (art 65) highlight the need to intervene over the elements directly related to the crime through penitentiary treatment, up to now there was no specific treatment for criminals convited to prison for economic crimes, nor in the Spanish civil or military prisons. Economic criminals mean people who commited the crime in their workplace, had a medium-high socioeconomic status and do not consider themselves criminals (Sutherland et al., 1983). In addition, this type of crime produces what is called border morality , that is, neither the victim nor the offender is considered as such (Burgos, 2015), a phenomenon that sometimes also occurs in crimes against public health (ex. trafficking drugs). Empirical research on economic crimes is scarce. Some interesting insights are that economic criminals are people with a specific type of thinking, harboring locus of external control and emotional instability (Arroyave Cortés & Guerrero Zapata, 2010). Also, analyzing their speeches, defense mechanisms such as justifications, excuses and explanations were found (Benson, 1985). Based on the criminological theories that address economic crime and empirical investigations, a penitentiary treatment was designed in the form of a workshop for economic crime and against public health, since it was understood that both criminal typologies had similar characteristics. It consisted of 8 sessions taught by two psychologists and criminologists with systemic and cognitive-behavioural perspectives. We used test-retest using social desirability test (Lara-Cantú & Suzan-Reed, 1988), locus of control test (Brenlla & Vázquez, 2010) and an adaptation of the Ethics in business (Stevens, 1979). We also asked an open question to measure their own perception of change. Despite we achieved positive results in the visualization of the victim, therefore minimizing the border morality, we did not manage to change their perspective in the locus of control or to reduce their high social desirability, although the latter is usually high in forensic environments (Díaz & Rivas, 2003). Likewise, the reasons why the tests have not yielded conclusive results can be multiple: such as the non-compulsory attendance of continued sessions or the inadequacy of the tests to measure the work done in the sessions. Finally, more empirical research in this criminal typology is necessary to improve interventions.