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http://hdl.handle.net/11531/46437
Título : | The Multilevel Governance of Refugee Reception policies in Spain |
Autor : | Garcés-Mascareñas, Blanca Moreno-Amador, Gracia |
Resumen : | En España, el número de solicitudes de asilo aumentó de 2.588 en 2012 y 5.947 en 2014 a 14.881 en 2015, 31.120 en 2017 y más de 53.000 en 2018. Tras el aumento en el número de solicitudes de asilo y el presupuesto estatal, el número de plazas de recepción cambió de 930 en septiembre de 2015 a 8.600 en diciembre de 2018. Este crecimiento ha sido posible gracias al aumento de la financiación para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) (antiguas y nuevas organizaciones en materia de asilo). Como consecuencia, el equilibrio en la gestión público-privada se rompió: mientras que antes de 2015 era casi cincuenta y cincuenta por ciento, después de 2015 las OSC son responsables de administrar el 94 % de los lugares de recepción. Paralelamente, las administraciones regionales y locales entraron en escena a pesar de no tener ninguna competencia (legal y formal) en la recepción de solicitantes de asilo y asilo. En términos de políticas, muchas comunidades autónomas y consejos municipales se prepararon para la llegada de aquellos que iban a ser reubicados desde Italia y Grecia. Sin embargo, como los solicitantes de asilo reubicados no llegaron, o no en cantidades significativas, las instalaciones se adaptaron para aquellos que ya estaban en el país y que no eran parte o que ya habían pasado por el sistema de recepción estatal y se encontraron sin acceso (adecuado) al alojamiento. Más allá de la complementariedad a nivel político, a nivel político algunas de las administraciones regionales y locales desafiaron el sistema de recepción dirigido por el Estado. Barcelona lo hizo dirigiendo su acción a nivel “europeo" y "global" y el gobierno catalán llevó al gobierno español a los tribunales alegando que los "servicios sociales y la asistencia" dirigida a la población migrante eran competencia de las comunidades autónomas. En enero de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor del gobierno catalán, lo que significó no sólo la reestructuración de la financiación, sino también la redefinición del propio sistema de recepción. Esto implicaría una mayor descentralización y, por lo tanto, la necesidad de un sistema de redistribución formal de asilo en todo el territorio nacional. In Spain the number of asylum applications increased from 2,588 in 2012 and 5,947 in 2014 to 14,881 in 2015, 31,120 in 2017 and over 53,000 in 2018. Following the increase in the number of asylum applications and the state budget, the number of reception places went from 930 in September 2015 to 8,600 in December 2018. This growth has been made possible by the increase in the funding to (old and new asylum) CSOs. As a consequence, the balance in public-private management was broken: while before 2015 it was almost fifty-fifty, after 2015 CSOs are responsible for managing 94 percent of the reception places. In parallel, regional and local administrations entered into the picture despite not having any (legal and formal) competency in asylum and asylum seekers reception. In terms of policies, many Autonomous Communities and municipal councils prepared themselves for the arrival of those who had to be relocated from Italy and Greece. As relocated asylum seekers did not arrive though, or not in significant numbers, facilities were then adapted for those who were already in the country and who were not part or had already went through the state reception system and found themselves without access to (proper) housing. Beyond complementarity at the policy level, at the political level some regional and local administrations challenged the state-led reception system. Barcelona did it by “going Europe” and “going global” and the Catalan government by bringing the Spanish government to Courts alleging that “social services and assistance” aimed at the immigrant population were the competency of the autonomous communities. In January 2018 the Madrid’s High Court of Justice ruled in favour of the Catalan government, which means not only the reestructuring of the financing but also the redefinition of the reception system itself, implying more descentralisation and therefore the need for a formal redistribution system of asylum seekers across the national territory. |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/46437 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
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