El acceso a la vivienda y la propiedad privada en la Constitución. Análisis jurídico político de las actividades de ocupación

Abstract

Las actividades de okupación en España se han incrementado exponencialmente desde la crisis económica de 2008, parcialmente debido al aumento de situaciones de vulnerabilidad, pero también debido a la expansión de mafias okupacionales. Siendo el derecho a la propiedad privada no solo un derecho constitucional, sino también la base de nuestro ordenamiento jurídico, económico y social, debería ser un derecho blindado, dotado de toda protección posible. Sin embargo, al realizar un análisis constitucional, civil, penal, sociológico, político e internacional, rápidamente nos damos cuenta que la propiedad inmobiliaria en España no cuenta con todas las garantías necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Resulta especialmente preocupante la situación de los grandes tenedores de inmuebles, como los bancos y los fondos de inversión, que son los grandes olvidados de nuestro sistema legislativo en la materia. Los cauces legales que acortan y simplifican el proceso de recuperación de la posesión del inmueble no son aplicables a grandes tenedores, que se ven abocados a procesos largos y costosos. En última instancia, la creciente inseguridad ciudadana y la pasividad de la clase política está causando la privatización de la justicia, creando un mercado privado de desokupación de inmuebles.

Squatting activities in Spain have increased exponentially since the economic crisis of 2008, partly due to the increase in situations of vulnerability, but also due to the expansion of squatting mafias. Since the right to private property is not only a constitutional right, but also the basis of our legal, economic and social order, it should be an armored right, endowed with all possible protection. However, when carrying out a constitutional, civil, criminal, sociological, political and international analysis, we quickly realize that real estate property in Spain does not have all the necessary guarantees for the correct functioning of the system. Of particular concern is the situation of the large holders of real estate, such as banks and investment funds, which are the forgotten parties of our legislative system in this area. The legal channels that shorten and simplify the process of recovering the possession of the property are not applicable to large holders, who are forced to undergo long and costly processes. Ultimately, the growing citizen insecurity and the passivity of the political class is causing the privatization of justice, creating a private market for the repossession of real estate.