Análisis desde la perspectiva constitucional de la declaración de estado de alarma durante la pandemia causada por la Covid-19

Abstract

La respuesta gubernamental a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de Covid-19 no fue constitucional. Entre las opciones ofrecidas por el Derecho de excepción, el Gobierno decidió declarar el estado de alarma y adoptar en su virtud medidas que conllevaron intensas limitaciones de derechos y libertades y que, en algunos casos, como el confinamiento domiciliario, conllevaron una verdadera suspensión de derechos y libertades, si bien una restricción de este tipo solo tiene cabida en los estados de excepción y de sitio. Por ello, esta medida, adoptada en el marco del estado de alarma, fue inconstitucional. No se discute, sin embargo, la adecuación, necesidad y proporcionalidad de las medidas suspensivas adoptadas, en atención a las circunstancias extraordinarias que se vivieron, por lo que se ha planteado la posibilidad de que se hubiese declarado el estado de excepción, que sí podría haberlas acogido. Pues bien, adoptando una interpretación integradora, se llega a la conclusión de que los efectos perturbadores que la crisis tuvo sobre la sociedad, que pusieron a los servicios sanitarios, esenciales para la comunidad, en riesgo de colapso, constituyeron una grave alteración del orden público entendido no solo en su vertiente política, sino también económica y social, por lo que la declaración del estado de excepción contaba con justificación, y así lo entiende el Tribunal Constitucional. No obstante, dada la polémica jurídica suscitada a raíz de estas cuestiones, que lleva a soluciones completamente contrarias e irreconciliables, parece necesaria una reforma del Derecho de excepción que, al menos, normativice la doctrina sentada por el Constitucional.

The governmental response to the health, economic and social crisis caused by the Covid-19 pandemic was not constitutional. Among the options offered by the Law of Emergency, the Government decided to declare a state of alarm and to adopt measures that entailed intense limitations of rights and freedoms and that, in some cases, such as house confinement, entailed a real suspension of rights and freedoms, although a restriction of this type only has a place in states of emergency and siege. Therefore, this measure, adopted within the framework of the state of alarm, was unconstitutional. However, the appropriateness, necessity and proportionality of the suspensive measures adopted are not disputed, in view of the extraordinary circumstances that were experienced, and therefore the possibility has been raised that a state of emergency could had been declared, which could have accepted them. Adopting an integrating interpretation, it is concluded that the disruptive effects of the crisis on society, which put the health services, essential for the community, at risk of collapse, constituted a serious disturbance of public order, understood not only in its political aspect, but also in its economic and social aspects, so that the declaration of a state of emergency was justified, as the Constitutional Court understands it. However, given the legal controversy that has arisen as a result of these issues, which leads to completely contrary and irreconcilable solutions, a reform of the Law of Emergency seems necessary, at least to regulate the doctrine established by the Constitutional Court.