El derecho a la salud de los emigrantes sin papeles

Abstract

El derecho a la protección de la salud tiene un gran reconocimiento a nivel internacional, como se puede ver por su inclusión en múltiples tratados internacionales, entre los cuales se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y subsecuente Protocolo Facultativo de 2008), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No obstante, la Constitución Española lo reconoce no como un derecho fundamental, con las correspondientes garantías legales jurisdiccionales, sino como un principio rector de la política social y económica. Esta falta de protecciones tiene quizás su fundamento en la inclusión de este derecho en el grupo de los derechos sociales, alrededor del cual hay mucho debate con respecto a su posible exigencia y valor jurídico. En 2012, el ámbito subjetivo de este derecho se vio severamente restringido por las modificaciones introducidas por el Real-Decreto Ley 16/2012, que afectó principalmente a la población de inmigrantes en situación administrativa irregular al permitirles el disfrute solo en situaciones concretas. Aunque la mayoría de estos cambios se vieron revertidos por el Real Decreto-Ley 7/2018, la exclusión de un grupo entero de la sociedad del acceso a un derecho de tal importancia genera inquietud sobre si debería dársele una mayor protección, incluso quizás la categoría de derecho fundamental.

The right to health protection is widely recognized at the international level, as can be seen by its inclusion in multiple international treaties, including the Universal Declaration of Human Rights, the European Social Charter, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (and subsequent Optional Protocol of 2008), and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. However, the Spanish Constitution recognizes it not as a fundamental right, with the corresponding legal and jurisdictional guarantees, but as a guiding principle of social and economic policy. This lack of protections has its basis perhaps in the inclusion of this right in the group of social rights, around which there is much debate regarding their possible legal demand and value. In 2012, the subjective scope of this right was severely restricted by the modifications introduced by Royal Decree Law 16/2012, which mainly affected the population of immigrants in an irregular administrative situation by allowing them access only in specific situations. Although most of these changes were reversed by Royal Decree-Law 7/2018, the exclusion of an entire group of society from access to a right of such importance raises concerns about whether it should be given greater protection, perhaps even the status of a fundamental right.