Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11531/69663
Título : La regla de la discrecionalidad empresarial en el marco de las fusiones y adquisiciones
Autor : Lorenzo Rego, Irene
Mendizábal Ruiz, Juan
Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Derecho
Palabras clave : 56 Ciencias Jurídicas y Derecho;5605 Legislación y leyes nacionales;560503 Derecho mercantil
Fecha de publicación : 2023
Resumen : La regla de la discrecionalidad empresarial llegó al ordenamiento jurídico español con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificaba la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Se creaba entonces el artículo 226, arropado por los deberes de diligencia y lealtad, si bien la business judgement rule se engloba dentro del primero. Este artículo otorga al administrador una presunción por la cual, cuando su decisión sea tomada de manera informada, de buena fe y en el exclusivo interés de la sociedad, será respetada por los tribunales, recayendo la carga de la prueba en la parte que impugne la decisión. Dentro de su ámbito de aplicación están algunas de las decisiones tomadas por los administradores en los procesos de M&A. Su papel en las fusiones y adquisiciones es de vital importancia, con funciones como la de información, o la de negociación, siendo decisivas para el éxito de la operación. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas decisiones buscan satisfacer sus intereses personales, como el de aumentar su influencia o el de perpetuarse en el cargo, perdiendo la presunción de diligencia que se le otorgaba. La rigidez de la regla para su aplicación al contexto de M&A se ha mostrado ineficiente, especialmente a ojos de la jurisprudencia estadounidense, donde se ha tenido que ir elevando el estándar de diligencia con el paso del tiempo. En España, la business judgement rule se manifiesta como una reproducción de su artículo predecesor, con una matización contextual “decisiones estratégicas y de negocio” más que prescindible. Busca otorgar una protección al administrador sobre un área en la que no estaba, en absoluto, amenazado. Esto se justifica por la escasez de condenas por incumplimiento del deber de diligencia, y menos aún por aplicar la BJR. Asimismo, su inclusión se sustenta sobre unos motivos de fondo totalmente cuestionables. Se puede concluir, por razones prácticas y de fondo, que es una regla redundante.
The business judgement rule was introduced into the Spanish legal system by the Law 31/2014 of December 3, 2014, which amended the Spanish Companies Act to improve corporate governance. Article 226 was then created, wrapped by the duties of diligence and loyalty, although the business judgement rule is encompassed within the former. This article grants the director a presumption whereby, when his decision is taken in an informed manner, in good faith and in the exclusive interest of the company, it will be respected by the courts, with the burden of proof falling on the party challenging the decision. Within its scope of application are the decisions taken by the directors in M&A processes. Their role in mergers and acquisitions is of vital importance, with functions such as information or negotiation being decisive for the success of the operation. However, there are occasions in which these decisions seek to satisfy personal interests, such as increasing their power or perpetuating their position, losing the presumption of diligence that was granted to him. The rigidity of the rule for its application in the context of M&A has proved inefficient, especially in U.S. case law, where the standard of diligence has had to be raised over time. In Spain, the business judgement rule manifests itself as a reproduction of its predecessor article, with a contextual nuance “strategic and business decision” that is more than dispensable. It seeks to grant protection to the administrator in an area in which he was not, at all, threatened. This is justified by the scarcity of convictions for breach of duty of care, let alone for applying the BJR. Furthermore, its inclusion is supported on entirely questionable substantive grounds. It can be concluded, for practical and substantive reasons, that it is a redundant rule.
Descripción : Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho
URI : http://hdl.handle.net/11531/69663
Aparece en las colecciones: KDB-Trabajos Fin de Grado

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