El consentimiento de los inversores minoristas en el contratos financieros

Abstract

La contratación de productos financieros complejos por parte de inversores minoristas es una cuestión controvertida que cada vez está más presente en nuestros tiempos. Por ello, la protección del inversor minorista ha ido incrementándose mediante el aumento de las obligaciones de las instituciones financieras. La mayoría de los litigios traen causa de la omisión por parte de las instituciones financieras del deber de informar a sus clientes sobre las características y los riesgos de los productos financieros. A menudo, esta omisión produce en el inversor minorista una representación mental equivocada sobre el objeto del producto que va a contratar. En algunos casos, la consecuencia de lo anterior se manifiesta en un error vicio en el consentimiento. En ocasiones, hay instituciones financieras que alegan la doctrina de los actos propios en contra de los inversores minoristas. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este tema matizando que no será de aplicación la doctrina de los actos propios cuando el consentimiento este viciado, ya que no representa la voluntad propia del inversor minorista. Las consecuencias jurídicas del vicio en el consentimiento son, por un lado, la anulabilidad del contrato, es decir, el contrato no es válido y mediante una acción constitutiva se podrá declarar la ineficacia del contrato, o, por otro lado, el inversor minorista podrá ejercer la acción de reclamación de daños y perjuicios alegando el incumplimiento de la obligación del deber de información por parte de las instituciones financieras.

The execution of complex financial products by retail investors is a controversial issue that is increasingly present in our times. For this reason, the protection of the retail investor has been growing by increasing the obligations of financial institutions. Most of the litigation is caused by the failure of financial institutions to inform their clients about the characteristics and risks of financial products. This lack of information often results in the retail investor being misled as to the purpose of the product he or she is about to purchase. In some cases, the consequence of the above is manifested in an error in the consent. Occasionally, there are financial institutions that invoke the doctrine of own acts against retail investors. However, the Supreme Court has ruled on this issue, clarifying that the doctrine of own acts will not be applicable when the consent is flawed, since it does not represent the retail investor's own will. The legal consequences of vitiated consent are, on the one hand, the annulment of the contract, i.e., the contract is not valid and by means of a constitutive action the ineffectiveness of the contract may be declared, or, on the other hand, the retail investor may bring an action for damages alleging the breach of the obligation of the duty of information on the part of the financial institutions.