Indemnizaciones tasadas por despido improcedente en el punto de mira

Abstract

Desde hace varias décadas, la determinación de las indemnizaciones por despido improcedente bascula sobre un modelo de indemnización tasada en función de criterios objetivos predeterminados legalmente: la antigüedad y el salario del trabajador, junto a un multiplicador fijo.

Pese a que su aplicación ha venido siendo pacífica, en los últimos tiempos, en atención a lo recogido en diversos pronunciamientos de nuestros Tribunales y a la posición mantenida desde algunos frentes doctrinales, así como a la presión ejercida desde el ámbito sindical, podríamos encontrarnos inmersos en un proceso de cambio de paradigma, que pretendidamente contaría con apoyo en diferentes compromisos internacionales asumidos por España, y en el marco de la regulación europea, como es la Carta Social Europea. Concretamente, se viene promoviendo la adopción de un marco jurídico que intensifique la protección frente al despido improcedente, garantizando un tratamiento indemnizatorio verdaderamente “restaurativo” o “reparativo”. Se propugna, así, el reconocimiento del derecho a indemnizaciones que resulten “adecuadas” en relación con las circunstancias específicas del trabajador despedido improcedentemente, tales como la edad o la cualificación del trabajador, entre otras posibles; lo que contribuiría a paliar las supuestas carencias del modelo vigente (la falta de eficacia disuasoria real y su escasa elasticidad).

For several decades, the determination of compensation for unfair dismissal has been based on a model of compensation based on purely objective criteria predetermined by law: the worker's seniority and salary, together with a fixed multiplier.

Despite the fact that its application has been peaceful, in recent times, in view of the various pronouncements of our Courts and the position maintained from some doctrinal fronts and the pressure exerted from the trade union sphere, we could be facing a real change of paradigm, which is supposedly supported by various international commitments assumed by Spain, and within the framework of European regulations, such as the European Social Charter. Specifically, the adoption of a legal framework that intensifies protection against unfair dismissal is being promoted, guaranteeing a truly "restorative" or "restorative" compensation treatment. Thus, the recognition of the right to compensation that is "adequate" in relation to the specific circumstances of the unfairly dismissed worker, such as the worker's age or qualifications, is advocated, which would correct the alleged shortcomings of the current model (the lack of real dissuasive effectiveness and its limited elasticity).