Los menores de edad como víctimas en el proceso penal: análisis jurídico y protección en el ordenamiento jurídico español

Abstract

La violencia contra los menores constituye un grave ataque contra sus derechos, su condición de dependencia e incapacidad para defenderse adecuadamente implica que son especialmente vulnerables ante conductas de maltrato. Esta vulnerabilidad pone de manifiesto la necesidad imperiosa de asegurar que el ordenamiento jurídico cuenta con medidas específicas para proteger su bienestar y salvaguardar sus derechos. En las últimas décadas, el proceso penal ha experimentado una evolución jurisprudencial significativa con respecto de la salvaguarda del interés superior de los menores en España. Así, esta evolución ha culminado con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entre otras medidas hace preceptiva la práctica de la prueba preconstituida para menores de 14 años. Este análisis examina el uso de la prueba preconstituida como medida de protección de las víctimas menores de edad en el proceso judicial, al facilitar la obtención de su declaración minimizando la victimización secundaria de estos causada por la interacción con el sistema judicial.

Violence against minors constitutes a severe violation of their rights; their dependency and inability to adequately defend themselves imply that they are particularly vulnerable to situations of abuse. This vulnerability underscores the urgent need to ensure that the Spanish legal framework incorporates specific measures to protect their well-being and safeguard their rights. Over the past decades, the criminal justice process in Spain has undergone significant jurisprudential evolution concerning the safeguarding of the best interests of minors. This evolution has culminated with the enactment of Organic Law 8/2021, of June 4, on comprehensive protection for childhood and adolescence against violence, which, among other measures, mandates the use of pre-constituted evidence for minors under 14 years old. This analysis examines the use of pre-constituted evidence as a protective measure for underage victims in the judicial process, facilitating their testimony while minimising their secondary victimisation resulting from interaction with the judicial system.