Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11531/83092
Título : La persona jurídica en el proceso penal : presente y futuro
Autor : Carretero, Cristina
Frago Amada, Juan Antonio
Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Derecho (ICADE)
Palabras clave : 56 Ciencias Jurídicas y Derecho;5602 Teoría y métodos generales;560206 Legislación
Fecha de publicación : 2022
Resumen : Este estudio de tesis doctoral pretende delimitar y concretar el estado de la cuestión del Derecho Procesal sobre las personas jurídicas en su dimensión procesal penal, y, consecuentemente, exponer propuestas de racionalización de esta nueva situación forense, alejada de la clásica perspectiva del proceso respecto del individuo físico como autor de la infracción penal. Aquí se han tenido especialmente en cuenta los nexos conceptuales y prácticos que relacionan este trabajo con el programa de doctorado en Derecho Económico y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Comillas. En efecto, y primeramente, porque este nuevo Derecho Penal y Procesal Penal de la persona jurídica se aleja del anterior arquetipo del delincuente proveniente del submundo de la sociedad, relacionado con delitos contra la integridad física, sexuales, delitos patrimoniales de escasa entidad, etc. Aunque el hecho delictivo podía ser de mayor gravedad y deberse a sujetos de todos los niveles sociales, siempre partía de la responsabilidad individualizada de la persona física. Así, el Derecho Penal está incluyendo nuevos y complejos delitos a su catálogo punitivo, lo que suele implicar, al ser descubiertos los hechos, una pluralidad de ilegales y complejas conductas, referidas habitualmente a una concurrencia de sujetos comanditarios en la comisión del delito. Este tipo de hechos punibles, de muy difícil investigación, obligan al Estado a desplegar considerables medios policiales y jurisdiccionales para obtener resultados no siempre propicios, teniendo en cuenta, además, que este tipo de ilegalidades puede darse en sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, cooperativas, partidos políticos, sindicatos, o en toda entidad u organización de personalidad jurídica acorde con el resto del ordenamiento jurídico. Después, esta materia trasciende por las grandes sumas económicas que suelen moverse en los procedimientos que implican a las personas jurídicas, verdaderamente ingentes en ocasiones. Así, en Estados Unidos en febrero de 2020 se volvió a superar el récord sancionador, habiéndose impuesto a la aeronáutica Boeing una multa de más de dos billones de dólares; en España, sin tanta tradición en la materia como la que se da en los países de derecho anglosajón, ya se han alcanzado multas de setecientos setenta y cinco millones de euros a tres empresas relacionadas con el transporte marítimo, y hay decenas de penas de multa impuestas en sentencia firme por más de un millón de euros, a clubes de fútbol, auditoras, empresas de viajes, constructoras, inmobiliarias, etc. De este modo, es evidente que entidades como las aludidas se ven obligadas a precaverse de semejantes condenas, de las que puede derivarse la prohibición de contratar con el sector público, lo que para muchas supondría su muerte económica de facto, amén de la afectación de lo que se ha venido en llamar “factor reputacional”, pues el conocimiento de una condena o de la simple investigación penal, apartaría a otros interlocutores, como clientes, proveedores, etc., del interés de seguir negociando con la correspondiente persona jurídica.
This doctoral thesis study aims to delimit and specify the state of the art of Procedural Law on legal persons in its criminal procedural dimension and, consequently, to put forward proposals for rationalization of this new forensic situation, far away from the classic perspective of the process regarding the physical individual as the author of the criminal offense. Special consideration has been given to the conceptual and practical links between this work and the doctoral programme in Economic and Business Law at the Universidad Pontificia de Comillas. Indeed, and firstly, because this new Criminal Substantive and Procedural Law of the legal person moves away from the previous archetype of the criminal coming from the underworld of society, related to crimes against physical and sexual integrity, minor property crimes, etc. Although the criminal act could be more serious and could be commited by subjects from all social levels, it always started from the individualized responsibility of the natural person. Thus, Criminal Law is including new and complex crimes in its punitive catalogue, which usually implies, when the facts are discovered, a plurality of illegal and complex behaviours, often referred to a concurrence of partners in the commission of the offence. This type of punishable acts, which are very difficult to investigate, force the State to deploy considerable police and jurisdictional means to obtain results that are not always favourable, taking into account, in addition, that this type of illegalities can occur in commercial companies, foundations, associations, cooperatives, political parties, unions, or in any entity or organization with legal personality in accordance with the rest of the legal system. In addition, this matter transcends due to the large sums of money that are usually managed in the procedures that involve legal persons, which are sometimes truly enormous. Thus, in the United States, in February 2020 the sanctioning record was broken once again, with a fine of more than two billion dollars being imposed on Boeing aeronautics; in Spain, without as much tradition in this area as in common law countries, fines of seven hundred and seventy-five million euros have already been imposed on three companies related to maritime transport, and there are dozens of fines of more than once million euros imposed in final judgment on football clubs, audit firms, travel, construction and real estate companies, etc. It is therefore evident that entities such as those mentioned above are obliged to guard against such convictions, that may lead to a ban on contracting with the public sector, which for many would mean their de facto economic death, in addition to the impact of what has come to be called the “reputational factor”, since knowledge of a conviction or a simple criminal investigation would drive away other stakeholders, such as clients, suppliers, etc., from the interest in continuing to negotiate with the corresponding legal entity.
Descripción : Programa de Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa
URI : http://hdl.handle.net/11531/83092
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorales

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