Seguro y administraciones públicas

Abstract

Las Administraciones públicas, el Estado en todas sus vertientes, público-administrativas, pero también política, aseguran bienes, patrimonio, actividades e indudablemente, sus responsabilidades civiles. El seguro es hoy, inescindible, a la actividad de la Administraciones. Una actividad presente en múltiples ámbitos y actos de la vida de los administrados, pero también en la prestación de servicios, contratos de obra, gestión, suministro, concesión, etc. La Administración, como ente dotado de personificación en cualquiera de sus etiologías estructurales y corporativas, responde ante los daños que pueda ocasionar a terceros como consecuencia de su actuación, de sus prestaciones, de la ejecución de los contratos administrativos. Y lo hace objetivamente. Responde de sus actividades riesgosas, del hacer, del actuar de sus funcionarios, de la normalidad o anormalidad en su funcionamiento. Y tanto el sector privado como el público no son ajenos a un ingente e inconcluso crecimiento y expansión del aseguramiento de la responsabilidad civil, al contrario. Lo que no obsta para ignorar las dificultades que la evaluación de ciertos riesgos, sus frecuencias, intensidades, variabilidades o la ausencia misma de técnicas de gerencia de riesgos en algunos órganos o entes de la Administración hicieran, cuando menos en las primeras pólizas que se suscribieron, que en no pocas ocasiones el seguro se asimilare, en cierto modo, a una suerte de apuesta. Mas la eficacia de la gestión de los riesgos es exigible de igual modo a los entes públicos.

Public administrations, the State in all its facets, both public administrative and political, ensure assets, property, activities, and undoubtedly, their civil responsibilities. Insurance is now an inseparable part of the activities of administrations. It is a presence in multiple areas and actions in the lives of the governed, but also in the provision of services, construction contracts, management, supply, concessions, etc. The Administration, as an entity with legal personality in any of its structural and corporate forms, is liable for any damage it may cause to third parties as a result of its actions, its services, or the execution of administrative contracts. And it does so objectively. It is responsible for its risky activities, for what it does, for the actions of its officials, for normal or abnormal functioning. Both the private and public sectors are not immune to the enormous and ongoing growth and expansion of civil liability insurance, quite the opposite. This does not mean ignoring the difficulties that the assessment of certain risks, their frequencies, intensities, variabilities, or even the absence of risk management techniques in some bodies or entities of the Administration may have caused, at least in the early policies that were subscribed to, making insurance resemble, in some way, a kind of bet. However, the effectiveness of risk management is equally required of public entities.