Idoneidad de la medidas de apoyo en función de la naturaleza de la discapacidad

Abstract

El presente trabajo analiza la idoneidad de las medidas de apoyo establecidas por la Ley 8/2021 en función de la naturaleza de la discapacidad. Esta reforma ha supuesto un cambio de paradigma en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sustituyendo el antiguo modelo de incapacitación por un sistema basado en la provisión de apoyos adaptados a cada caso.

Se examina la evolución legislativa, desde el modelo previo, fundamentado en la sustitución de la persona con discapacidad, hasta la adopción de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se analiza la configuración del nuevo modelo, basado en un sistema de apoyos con distintos tipos de medidas, voluntarias, que serán preferentes, legales y judiciales. Se exponen las principales carencias del sistema, así como propuestas de mejora, estudiando la posición de notarios y jueces dentro del modelo.

En conclusión, aunque la Ley 8/2021 supone un avance hacia un modelo más inclusivo y respetuoso con la autonomía de la persona, todavía presenta desafíos en su aplicación práctica, siendo necesario un desarrollo normativo más preciso para la aplicación de medidas según el tipo y grado de discapacidad, así como una dotación de recursos adecuada para garantizar su eficacia.

This paper analyzes the adequacy of the support measures established by Law 8/2021 according to the nature of the disability. This legislative reform has brought about a paradigm shift in the exercise of legal capacity for persons with disabilities, replacing the old incapacitation model with a system based on the provision of individualized support measures.

The configuration of the new model is analyzed, which is structured around a system of support measures classified into different types: voluntary measures, which are to be prioritized, as well as legal and judicial measures. The main shortcomings of the system are discussed, along with proposals for improvement, considering the role of notaries and judges within this framework.

In conclusion, while Law 8/2021 represents progress toward a more inclusive model that respects personal autonomy, challenges remain in its practical implementation. A more precise regulatory framework is needed to tailor measures according to the type and degree of disability, along with adequate resource allocation to ensure its effectiveness.