LA REGULACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL MARCO DEL PROCESO CIVIL. ANÁLISIS DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY ORGÁNICA 1/2025, DE 2 DE ENERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA.

Abstract

Este trabajo analiza la nueva regulación de las costas procesales en el proceso civil introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En una primera parte, se examina el régimen anterior a la reforma, incluyendo los criterios tradicionales de imposición de costas y su tasación en el proceso civil. En la segunda parte se estudian las modificaciones de los artículos 394 y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente la incorporación de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en el ámbito civil y mercantil. Además, se amplían los criterios para la imposición de costas, introduciendo el concepto de abuso del servicio público de justicia, que permite la condena en costas incluso al litigante que obtenga una resolución favorable, si se considera que ha hecho un uso indebido del proceso. A partir de estas novedades, se valoran sus posibles efectos en la reducción de la litigiosidad y en la mejora del funcionamiento de la justicia en el orden civil. Se advierte, no obstante, que la efectividad de estas medidas puede verse limitada por la falta de implantación real de los MASC y por las cargas adicionales que puedan suponer para los ciudadanos. También se plantea si estas reformas podrían generar restricciones indirectas al derecho a la tutela judicial efectiva, en ausencia de medidas estructurales complementarias. Se considera que la aplicación efectiva de la reforma dependerá de su desarrollo jurisprudencial y normativo, así como de una inversión adecuada en recursos humanos, tecnológicos y organizativos que refuercen el sistema judicial.

This paper analyzes the new regulation of procedural costs in civil proceedings introduced by Organic Law 1/2025 of January 2, within the framework of measures aimed at improving the efficiency of the public justice service. The first part examines the pre reform legal framework, including the traditional criteria for awarding costs (losing party pays and bad faith) and their assessment in civil proceedings. The second part focuses on the amendments to Articles 394 and 395 of the Civil Procedure Act, particularly the introduction of alternative dispute resolution mechanisms (ADR) as a requirement for admissibility in civil and commercial matters. Additionally, the criteria for awarding costs have been expanded with the introduction of the concept of abuse of the public justice service, which allows courts to impose costs even on a litigant who obtains a favorable ruling if it is determined that they have misused the legal process. Based on these developments, the study assesses their potential effects on reducing litigation and improving the functioning of the civil justice system. However, it warns that the effectiveness of these measures may be limited by the lack of real implementation of ADR mechanisms and the additional burdens they impose on citizens. It also raises the question of whether these reforms could create indirect restrictions on the right to effective judicial protection in the absence of complementary structural measures. The paper argues that the effective application of the reform will depend on its judicial and regulatory development, as well as on adequate investment in human, technological, and organizational resources to strengthen the judicial system.