LA HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DE LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN

Abstract

Este trabajo tiene por objeto analizar el procedimiento de homologación judicial de los planes de reestructuración tras la reforma operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1023. Partiendo del contexto normativo y económico que ha llevado a la proliferación de situaciones preconcursales en España, se estudia el papel que juega la homologación judicial como garantía de eficacia, legitimidad y seguridad jurídica de estos planes. Para ello, se examinan los presupuestos necesarios para acceder al procedimiento, el contenido mínimo del plan, la formación de clases de acreedores, las mayorías exigidas para su aprobación y las diferencias entre planes consensuales y no consensuales. A través del análisis de la jurisprudencia reciente, el trabajo se centra en el alcance del control judicial, tanto ex ante como ex post, que se ejerce sobre estos planes, abordando cuestiones controvertidas como la manipulación de clases, la falta de viabilidad económica o los límites al principio de autonomía privada. Finalmente, se ofrece una reflexión crítica sobre la efectividad del nuevo sistema y los desafíos que plantea su aplicación práctica para jueces, acreedores y empresas deudoras.

This paper aims to analyze the judicial approval procedure of restructuring plans following the reform introduced by Law 16/2022 of September 5, which incorporates Directive (EU) 2019/1023 into Spanish law. Starting from the legal and economic context that has led to the proliferation of pre-insolvency situations in Spain, the study examines the role of judicial approval as a guarantee of the effectiveness, legitimacy, and legal certainty of these plans. To this end, it explores the requirements for accessing the procedure, the minimum content of the plan, the formation of creditor classes, the majorities required for approval, and the differences between consensual and non-consensual plans. Through an analysis of recent case law, the paper focuses on the scope of judicial control, both ex ante and ex post, exercised over these plans, addressing controversial issues such as class manipulation, lack of economic viability, and the limits of the principle of private autonomy. Finally, it offers a critical reflection on the effectiveness of the new system and the challenges its practical application poses for judges, creditors, and debtor companies.