La responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: Análisis del deber de Supervisión y Control y la carga de la prueba

Abstract

En este trabajo de investigación se analiza en profundidad el régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español, centrándonos en el deber de supervisión y control y en la controversia que existe alrededor de la carga de la prueba. Estudiaremos la evolución normativa (introducción de 2010 y reforma de 2015) y el contenido del artículo 31 bis del Código Penal. También estudiaremos dos sentencias clave del TS, las sentencias STS 154/2016 (Maza) y STS 298/2024 (Del Moral), que ofrecen puntos de vista opuestos sobre quién debe acreditar la existencia o inexistencia de sistemas de cumplimiento normativo. A través del análisis de estas resoluciones y de la doctrina más relevante, el trabajo expone las tensiones entre garantías procesales, principios penales y eficiencia en la imputación de entes colectivos. Finalmente, concluiremos que el sistema debe asentarse sobre una autorresponsabilidad estructural, respetuosa con el principio de culpabilidad y con una distribución racional de las cargas probatorias, evitando tanto la objetivación del reproche penal como la impunidad derivada de un excesivo formalismo.

This research paper provides an in-depth analysis of the legal framework governing the criminal liability of legal persons in the Spanish legal system, focusing on the duty of supervision and control and the ongoing controversy surrounding the burden of proof. It examines the legislative evolution (the 2010 introduction and the 2015 reform) and the content of Article 31 bis of the Spanish Criminal Code. The paper also studies two key Supreme Court rulings, STS 154/2016 (Maza) and STS 298/2024 (Del Moral), which offer opposing views on who bears the burden of proving the existence or absence of compliance programs. Through the analysis of these decisions and the most relevant legal scholarship, the paper explores the tensions between procedural guarantees, fundamental principles of criminal law, and the effectiveness of attributing liability to corporate entities. Ultimately, it concludes that the system should be based on a model of structural self-responsibility, consistent with the principle of culpability and a rational distribution of the burden of proof, avoiding both the objectification of criminal liability and the impunity that may result from excessive formalism.