La expropiación forzosa en España: problemas de ejecución, conservación ambiental y la insuficiente protección de los derechos del expropiado

Abstract

El tema objeto de estudio es la expropiación forzosa en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), como instrumento utilizado por la Administración para la incorporación de bienes de dominio privado; justificando su actuación en la utilidad pública o interés social. La finalidad es evitar el deterioro de las zonas costeras y la degradación del medioambiente, y así, salvaguardar los ecosistemas que en ellas habitan, entre otros objetivos; en beneficio de sus habitantes y de las generaciones futuras. Este mecanismo jurídico está regulado principalmente por Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la Ley de Costas de 1988, reformada en 2013. La combinación en la aplicación de ambas disposiciones legales ha originado conflictos significativos a nivel administrativo, jurídico y social; con efectos negativos tanto para el sujeto expropiado como para la Administración. Este trabajo tiene como objetivo analizar la problemática que plantea la ejecución de la expropiación forzosa en el contexto del litoral, poniendo de relieve las consecuencias que se derivan para las partes implicadas, especialmente desfavorables para los propietarios afectados. En concreto, se pondrá énfasis en el descontento de los propietarios por las valoraciones y las demoras en compensaciones de los bienes expropiados, y en la inseguridad jurídica causada mayormente por la delimitación cambiante del DPMT, por la inestabilidad normativa, por la dualidad jurisdiccional y por la complejidad de los procedimientos. La importancia práctica de este estudio reside en dejar constancia de las dificultades y desafíos a los que se enfrentan tanto los propietarios afectados como la Administración, e intentar ofrecer vías de solución mediante la proposición de reformas en el ámbito normativo y a nivel práctico, para lograr el equilibrio entre la protección del medioambiente y los derechos constitucionales de los propietarios afectados.

The subject under study is forced expropriation in the area of the maritime-terrestrial public domain (DPMT), as an instrument used by the Administration for the incorporation of private property; justifying its action in the public utility or social interest. The aim is to prevent the deterioration of coastal areas and the degradation of the environment, and thus safeguard the ecosystems that inhabit them, among other objectives, for the benefit of their inhabitants and future generations. This legal mechanism is mainly regulated by the Compulsory Purchase Act of 1954 and the Coastal Act of 1988, amended in 2013. The combined application of both legal provisions has given rise to significant administrative, legal and social conflicts, with negative effects for both the expropriated subject and the Administration. This paper aims to analyze the problems posed by the execution of compulsory purchase in the context of the coastline, highlighting the consequences for the parties involved, which are especially unfavorable for the affected owners. Specifically, emphasis will be placed on the dissatisfaction of the owners due to the valuations and delays in compensation for the expropriated property, and on the legal uncertainty caused mainly by the changing delimitation of the DPMT, by regulatory instability, by jurisdictional duality and by the complexity of the procedures. The practical importance of this study lies in recording the difficulties and challenges faced by both the affected landowners and the Administration, and in attempting to offer solutions by proposing reforms at the regulatory and practical levels, in order to achieve a balance between environmental protection and the constitutional rights of the affected landowners.