Impacto de las nuevas normativas de transparencia en la eliminación de la corrupción en la contratación pública

Abstract

La contratación pública en España viene marcada por un déficit de transparencia y concurrencia, justificado frecuentemente con argumentos como la necesidad de agilidad o la reducción de la burocracia. Sin embargo, bajo estos pretextos, se han fomentado la opacidad y la corrupción, alejando los procedimientos de los principios fundamentales de buen gobierno, integridad y transparencia que deberían guiar la actuación administrativa, particularmente en el ámbito que aquí nos concierne de la contratación pública. Con el fin de conseguir una mejor y más eficaz gestión de la Administración Pública y ergo del gasto público, en los últimos años España ha implementado medidas encaminadas a fomentar la transparencia y así lograr disminuir hasta erradicar la corrupción. Así, podemos encontrar desde medidas legislativas nacidas de la transposición de directivas o reglamentos de la Unión Europea como la Directiva 2014/23/UE, e iniciativas propias españolas como la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, o normativa específica para determinadas Comunidades Autónomas, hasta organismos destinados a prevenir y luchar contra la corrupción como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). No obstante, dichas medidas de persecución y represión no han logrado una reducción significativa de la corrupción en nuestro país, en tanto en cuanto los casos continúan in crescendo.

Public procurement in Spain is characterized by a deficit in transparency and competition, often justified with arguments such as the need for agility or reducing bureaucracy. However, under these pretexts, opacity and corruption have been fostered, distancing procedures from the fundamental principles of good governance, integrity, and transparency that should guide administrative actions, particularly in the realm of public procurement.

To achieve better and more efficient management of public administration and, therefore, public spending, Spain has implemented measures in recent years aimed at promoting transparency and consequently reducing and eradicating corruption. These measures include legislative actions derived from the transposition of European Union directives or regulations, such as Directive 2014/23/EU, Spanish-specific initiatives like Law 19/2013, or specific regulations for certain autonomous communities. Additionally, organizations have been established to prevent and combat corruption, such as the Independent Office for the Regulation and Supervision of Procurement (OIReScon). However, these measures of persecution and repression have not achieved a significant reduction in corruption in our country, as cases continue to rise.