Fiscalidad de los productos financieros y de ahorro: especial referencia al impacto fiscal de las resoluciones sobre derechos de los consumidores y productos financieros

Eva Mª Gil Cruz

Doctora en Derecho

Profesora de Derecho financiero y tributario

SUMARIO

I.-Protección al cliente de servicios bancarios

II.- Transparencia y control de la publicidad en el ámbito del mercado de productos y servicios bancarios

III.- Información y clasificación de los productos financieros

IV.- Fiscalidad de los productos financieros

IV.1.-Planificación fiscal

IV.2.- Régimen fiscal de los principales productos financieros

IV.2.1.-Renta variable

IV.2.2.-Renta fija

IV.2.3.- Préstamo hipotecarios: especial atención a las cláusulas suelo

V.- Reflexiones finales

RESUMEN: En España se han dado pasos tendentes a procurar una mayor protección al cliente financiero por parte de los poderes públicos. El primero de ellos afianzado en la necesidad de transparencia y claridad en la información que las entidades financieras suministran a la hora de contratar con sus clientes. Y de otro, la necesidad de clasificar los diferentes productos financieros en función del riesgo y la complejidad de los mismos. Ello ayudará al cliente bancario a poder invertir con mayor seguridad y fiabilidad así como a poder planificar mejor la carga fiscal que está dispuesto a soportar

PALABRAS CLAVE: productos financieros, ahorro, diferimiento del impuesto

ABSTRACT: In Spain, that steps have been taken to ensure greater protection to the financial customer by the public authorities. The first one of them is based on the need for transparency and clarity in the information that financial institutions provide when it comes to contracting with their clients. And on the other one, the need to classify the different financial products according to the risk and the complexity of the same ones. This will help the banking client to be able to invest with greater security and reliability as well as to be able to better plan the tax burden he is willing to support

KEY WORDS: financial products, saving, delay payment of tax

I.-Protección al cliente de servicios bancarios

Las funciones del Banco de España en la protección a los clientes de servicios bancarios y financieros derivan del artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito y de la Orden EHA 2899/2011, de 28 de octubre

En función de esta normativa, la cual declara el principio general de libertad de contratación que preside las relaciones entre las entidades de crédito y su clientela, se atribuyen al Banco de España ciertas funciones, entre las que destacan las siguientes:

La recepción de las declaraciones de determinadas entidades de crédito sobre tipos de interés y comisiones de operaciones activas, concretamente descubiertos tácitos en cuentas de depósito y excedidos tácitos en las de crédito.

La publicación de los tipos de interés de referencia oficiales aplicables en operaciones de préstamo hipotecario y de crédito al consumo a interés variable, así como de otros tipos no oficiales.

La determinación de las técnicas para el cálculo del coste o rendimiento efectivo de las operaciones (conocido como "T.A.E." o tasa anual equivalente).

En las competencias de supervisión y control sobre las entidades de crédito junto con el Banco de España también pueden intervenir otras autoridades.

Así, el conocimiento de las cuestiones relativas a Derecho Civil o Derecho Mercantil queda atribuido a los Tribunales de Justicia a instancia de parte.

Mientras que los organismos supervisores llevan a cabo el control de las actuaciones de las entidades de crédito en ciertos ámbitos, a saber:

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.): para cuando presten servicios de inversión.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: para la comercialización por entidades de crédito de seguros y planes de pensiones.

El control de su actividad como depositarias de Instituciones de Inversión Colectiva (fundamentalmente, fondos de inversión) está a cargo de la C.N.M.V. y, como depositarias de Fondos de Pensiones, a cargo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda.

Y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y del Servicio Ejecutivo.

Desde la perspectiva de los consumidores e inversores sus derechos básicos quedan enumerados en el art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2017 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, son derechos básicos de los consumidores y usuarios:

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión

Si bien no se trata de una lista cerrada sino que tal y como establece el apartado 5 del art. 19 del mismo cuerpo legal viene a concretar que en relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y bienes inmuebles, podrán establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor o usuario.

Lo que a su vez, ha de completarse con aquéllas normas reguladoras de los servicios financieros, en particular las referidas a las obligaciones de las entidades de crédito en relación con la información a los clientes, publicidad y transparencia de las operaciones cuyo estudio pasaremos a abordar en el siguiente epígrafe.

II.-Transparencia y control de la publicidad en el ámbito del mercado de productos y servicios bancarios

La transparencia en el funcionamiento de los mercados ha supuesto históricamente uno de los objetivos más perseguidos por el ordenamiento jurídico de cualquier sector económico.

Como consecuencia de las reformas llevadas a cabo en del Derecho comparado, nuestro país, a través de una adecuación al mismo, ha mejorado la exigencias en materias tales como información relativa a los tipos de interés y a las comisiones, comunicaciones con el cliente, información precontractual, servicios financieros vinculados, etc.

Dentro del sector financiero la defensa de la clientela ha pivotado tradicionalmente sobre dos ejes. De una parte, la normativa asentada sobre el principio de prudencia de solvencia de las entidades de crédito lo que implica un efecto inestimable sobre la protección de los clientes. Y de otro lado, tratando de paliar los efectos que produce la el menoscabo de información para el cliente bancario, fomentando la transparencia en la relaciones entre la entidad financiera y el cliente a lo largo de la negociación bancaria.

Precisamente, es la protección al cliente bancario la base sobre la que se empieza a inspirar la legislación financiera vigente y la actividad supervisora en el ámbito del mercado de productos y servicios bancarios. El cliente debe disponer de información suficiente para fundamentar su decisión de contratación, y esta información debe ser veraz.

De ahí que, en el ordenamiento jurídico sean cada vez más las previsiones que obligan a las entidades de crédito a ofrecer información y asumir obligaciones de transparencia.

Sin embargo, para que estas previsiones consigan tener la eficacia deseada la normativa financiera no debe obviar la relevancia que tiene la publicidad a la hora de que el cliente bancario tome, de forma razonada y segura, sus decisiones.

Y este papel trascendental de la publicidad de los servicios y productos bancarios ha venido siendo uno de los aspectos vitales que en los últimos años ha sido objeto de la regulación bancaria española.

Por su parte, el Banco de España determinará los demás principios generales a los que debe ajustarse la publicidad y los criterios generales sobre el contenido mínimo y formato del mensaje publicitario y cualquier otro aspecto que pueda afectar al carácter equilibrado y objetivo de la publicidad.

En todo caso, deberá especificar la forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios con el fin de que ni se omita ningún dato relevante sobre los productos y servicios bancarios ni se induzca a error de sus destinatarios.

De tal modo que en base al artículo 30 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio las entidades incluirán los procedimientos y controles internos necesarios para proteger los legítimos intereses de la clientela y gestionar los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas derivados de su actividad publicitaria

III.-Información y clasificación de los productos financieros

Tal y como se acaba de exponer, la existencia de información veraz, suficiente y comprensible sobre los productos y servicios ofrecidos por las entidades financieras a sus clientes constituye uno de los principios básicos del Derecho de los mercados financieros. Este principio elemental adquiere más importancia aún si cabe cuanto más sofisticados y complejos son los bienes y servicios que se ofrecen a los clientes.

Es por ello que uno de los objetivos principales en la regulación de los mercados financieros ha sido, precisamente, el de garantizar que los clientes de servicios financieros dispongan de toda la información necesaria para conocer el valor sobre los servicios de inversión ofrecidos y para comprender los riesgos asociados a ellos.

Sin embargo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión Europea, la realidad demuestra que la falta de disponibilidad de información suficiente y comparable, así como la presentación confusa o incompleta de la información sobre los productos y servicios financieros, continúa siendo una de las mayores preocupaciones para los clientes financieros.

La aprobación de distintas normas dictadas al efecto pretende unificar los requisitos que han de cumplir ciertos productos financieros, de forma que las obligaciones de información varían considerablemente entre productos. Basta una somera lectura de la normativa aplicable a estas obligaciones de información para darnos cuenta que existen diferencias relevantes en cuanto a la información a publicar o facilitar sobre cada producto, su forma de representación y el medio y momento de su transmisión al cliente final.

A lo que hay que añadir que, en muchas ocasiones, la información que se facilita en la práctica carece de un formato homogéneo, contiene un lenguaje excesivamente técnico y que los documentos precontractuales y publicitarios cuentan con demasiada información dificultando el distinguir en ellos la información más relevante. Lo que genera una merma de la eficacia y utilidad de dicha información.

Es preciso, pues, que la clientela bancaria cuente con una clasificación de productos financieros en virtud del indicador de riesgo, la alerta sobre la liquidez y sobre la complejidad de los productos financieros que sean complejos.

Para lograr la máxima transparencia a la hora de contratar un producto financiero la información debería ser precisa, imparcial, clara y sobre todo no engañosa. De ahí que el legislador establezca que el documento con la información del producto financiero o del servicio bancario sea breve, redactado de forma concisa y contenga los datos fundamentales. Además de ser un documento independiente, claramente separado del material comercial y no contenga remisiones a dicho material. El mismo deberá: a) tener una presentación y una estructura que permitan su fácil lectura, y los caracteres empleados serán de un tamaño legible; b) centrarse en los datos fundamentales que necesitan los inversores minoristas; c) estar redactado con claridad y en un lenguaje y con un estilo de comunicación que faciliten la comprensión de la información, en particular con un lenguaje claro, sucinto y comprensible

IV.-Fiscalidad de los productos financieros

IV.1.-Planificación fiscal

Los objetivos de la fiscalidad del ahorro se fundamentan especialmente en atender los objetivos de índole económica derivados de la internacionalización, así como la necesidad de atraer inversiones extranjeras y evitar la deslocalización del ahorro nacional.

Desde la perspectiva del ahorrador sus objetivos divergen en el riesgo que está dispuesto a asumir (a mayor riesgo, mayores rendimientos) y en el plazo de generación de los rendimientos de los productos contratados en el mercado financiero, pues a mayor plazo de recuperación de los rendimientos, mayores serán estos y, por el contrario ante la mayor inmediatez en el cobro de las rentas supondrá menor rentabilidad.

El legislador fiscal ha buscado con las últimas reformas fiscales otorgar un tratamiento neutral de las rentas derivadas del ahorro mediante la eliminación de las diferencias existentes entre los distintos instrumentos en los que se materializa pues ello ocasionaba una distorsión de la realidad financieras del ahorro.

No obstante, junto a la valoración de las ventajas a corto y largo plazo el cliente bancario que debe tributar habrá de buscar minimizar la carga fiscal siempre dentro de los márgenes de la legalidad.

La planificación fiscal sobre la inversión de productos financieros se convierte de esta manera en una variable que se ha de tener presente. El diferimiento en el pago de los impuestos permite al cliente bancario obtener una rentabilidad adicional de los tributos no anticipados.

IV.2.-Régimen fiscal los principales productos financieros

En la actualidad los mercados financieros cuentan con una extensa gama de productos financieros de diferentes características tanto en lo relativo a rentabilidad y riesgo como en lo referente a la tributación de los mismos.

El cliente bancario podrá optar por contratar productos básicos y sencillos que ante un bajo riesgo le aporten una menor rentabilidad que aquéllos otros que posean unas características mucho más complejas.

Cada instrumento financiero tendrá un impacto fiscal en el inversor que variará en función de la inversión realizada. Es por ello, que a lo largo de las siguientes páginas vamos a intentar sistematizar la fiscalidad de los principales productos que ofrecen los mercados financieros agrupándolos para su estudio en renta variables y renta fija para terminar con una mención expresa de la tributación de los préstamos hipotecarios.

IV.2.1.-Renta variable

A) Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios: dividendos y asimilados

En primer lugar y en relación a los dividendos, desde el 2015 no se elimina la doble imposición producida conjuntamente por la aplicación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que los primeros 1.500 euros no están exentos. Los dividendos están sujetos a retención del 19%

Es relevante que salvo en lo que respecta a los derechos de suscripción preferente que llevan aparejadas las ampliaciones de capital, y que se tratará más adelante, en 2017 el caso de los scrip dividend (pago del dividendo en efectivo o acciones), pasan a tributar como un dividendo normal

Se trata de una operación en donde la entidad acuerda un aumento de su capital social mediante la emisión de acciones nuevas totalmente liberadas con cargo a reservas procedentes de beneficios no distribuidos, de manera que en el momento en que se ejecute el acuerdo, todos los accionistas pasan a ser propietarios de los correspondientes derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones emitidas.

Respecto de aquellos titulares de derechos de asignación gratuita que no suscriban las nuevas acciones ni transmitan sus derechos en el mercado, la entidad efectuará una oferta de compra de tales derechos a un precio fijo, renunciando al ejercicio de los derechos sobre las nuevas acciones que hubiese adquirido en ejecución de dicha oferta, por lo que no adquirirá estas acciones en autocartera.

Por tanto, la operación no es propiamente un reparto de dividendos, sino una ampliación de capital con cargo a reservas, de tal forma que al accionista se le ofrecen tres posibilidades, que se enumeran a continuación:

1ª.- No hacer nada con los derechos de suscripción que recibe y la entidad le entrega acciones liberadas.

En ese caso las acciones que tiene en cartera disminuirán su precio de adquisición unitario, al dividir el coste que tenían entre las acciones antiguas más las nuevas.

2ª.- Transmisión de los derechos de suscripción.

En este otro supuesto en 2016 el contribuyente no obtendrá renta alguna, pero minorará en el importe recibido el precio de adquisición de las acciones; y si se ejercitara esa opción en 2017 estaría obteniendo una ganancia de patrimonio sometida a retención.

3ª.- Compensación en metálico por la entidad por los derechos de asignación no ejercidos ni transmitidos en el mercado.

En tal caso el importe obtenido será un rendimiento del capital mobiliario, como si se tratase de dividendos, y estará sometido a retención.

No obstante, no todos los dividendos ni las utilidades derivadas de la condición de socio se gravan al percibirse o se incluyen entre los procedentes de la participación en fondos propios. Hay que excluir una serie supuestos, a saber:

En primer lugar no han de integrarse en la base imponible los dividendos procedentes de beneficios que han sido imputados al socio al generarse. Es el caso de los dividendos procedentes de entidades sujetas al régimen de transparencia fiscal internacional.

También es este el régimen establecido en relación a los dividendos repartidos por una sociedad al socio que le hubiese cedido el derecho a la explotación de su imagen cuando tal cesión hubiese provocado la imputación prevista en el art. 92 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Asimismo, ha de excluirse de los rendimientos gravados la entrega de acciones total o parcialmente liberadas (art. 25.1.b de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123puesto que el accionista no recibe nada distinto de lo que ya tenía: los fondos propios de la sociedad permanecen intactos, no habiendo desinversión.

Igualmente y desde el 1 de enero de 2017 la venta de derechos de suscripción (D.T. ª 29ª Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 tanto derive de valores que cotizan en mercados oficiales o no el importe obtenido tributara íntegramente como ganancia patrimonial en el periodo impositivo en el que se produzca la transmisión. Hasta esa fecha la transmisión de derechos de suscripción de valores que cotizan en bolsa minorará el valor de adquisición.

Finalmente las rentas derivadas de operaciones societarias, que son gravadas como ganancias o pérdidas patrimoniales. Es el caso, por ejemplo, de las rentas percibidas en caso de separación de los socios o disolución social.

B) La distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones en entidades.

De acuerdo con la normativa del IS, la distribución de la prima de emisión minorará el valor fiscal de la participación, considerándose ingreso el exceso que, en su caso, se pudiera obtener.

En el ámbito de las personas físicas la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones se considera rendimiento de capital mobiliario. El importe obtenido minorará, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones o participaciones afectadas y el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mobiliario. (art. 25.1.e) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 33.3.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

no existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre “los rendimientos procedentes de la devolución de la prima de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital con devolución de aportaciones, salvo que procedan de beneficios no distribuidos”

En el caso de distribución de la prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva.

De tal forma que, el valor de los fondos propios se minorará en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima de emisión, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, así como en el importe de las reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición de las acciones o participaciones. El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o participaciones

C) Derechos de suscripción preferente

Cuando se transmiten derechos de suscripción el importe obtenido tributa de distinta manera si se trata de derechos procedentes de participaciones en entidades no cotizadas (lo que daría lugar a una ganancia patrimonial) que si proceden de entidades que cotizan, en cuyo caso dicho importe minoraría el valor de adquisición, aunque si se superase este, el exceso se considerará ganancia patrimonial.

A partir de 2017, el importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción se considera ganancia patrimonial y se somete a retención, estando obligada a ello la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o fedatario público que haya intervenido en la operación.

D) Sociedades y Fondos de inversión

En el caso de las Sociedades de Inversión, quedan sujetas al IS, puesto que tienen personalidad jurídica al tener que constituirse necesariamente bajo la forma jurídica de sociedad anónima.

En cuanto a los Fondos de Inversión se someten a sujeción de forma expresa en la letra c) del art. 7.1 del LIS, debido a que aunque carecen de personalidad jurídica, constituyen una fórmula jurídica apta para ser sujetos pasivos del IS, ya que forman una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, es decir, encajan dentro de las entidades a las que se refiere el 35.4 de la LGT.

Con la legislación anterior se diferenciaba los rendimientos generados antes y después de un año pero la tributación actual es la misma que en otros productos de ahorro, con tres tramos distintos.

La ventaja es que el traspaso de fondos está libre del impuesto. Hasta que no se produce la transmisión de la participación la ganancia patrimonial no se paga a Hacienda.

En el IS y siempre que se cumplan los requisitos del art. 29.4 de la LIS, el fondo tributa al 1%. Y no están obligadas a efectuar pagos fraccionados, art. 40.1 LIS.

En cuanto a los partícipes de los Fondos de Activos Bancarios, cuando se trate de partícipes que sean sujetos pasivos del IS, del IRNR que obtengan sus rentas mediante establecimiento permanente en territorio español, o contribuyentes del IRPF les resultará de aplicación el régimen fiscal previsto para los socios o partícipes de las Instituciones de Inversión Colectiva.

En cambio cuando se trate de contribuyentes del IRNR sin establecimiento permanente, las rentas obtenidas estarán exentas de dicho impuesto en los mismos términos establecidos para los rendimientos derivados de la deuda pública en el art. 14 TRLIRNR.

IV.2.2.-Renta fija

A) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.

Tienen esta consideración, conforme recoge el art. 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 las contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, como los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión, así como, las derivadas de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos.

El régimen fiscal a seguir en caso de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de valores, será la diferencia entre el valor de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición o suscripción, teniéndose en cuenta los gastos accesorios tanto en la adquisición como en la transmisión siempre y cuando se justifiquen adecuadamente.

En caso de que el rendimiento del activo financiero fuese negativo, siempre que el contribuyente hubiera adquirido activos financieros homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones, se integrarán a medida que se transmitan los activos financieros que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.

b) Deuda pública

b.1.--LETRAS DEL TESORO

Entre los instrumentos de deuda podemos encontrar las Letras del Tesoro que son activos a corto plazo (a 3, 6, 12 y 18 meses) cuyo rasgo definitorio consiste en que se emiten al descuento, por lo que su precio de adquisición es inferior al importe que el inversor recibirá en el momento del reembolso.

La diferencia entre el valor de reembolso de la Letra y su precio de adquisición será el interés o rendimiento generado por la Letra del Tesoro (la comisión por transferencia devengada a favor del Banco de España minora el valor de reembolso, a efectos de la determinación del rendimiento del capital mobiliario generado en el reembolso de las Letras del Tesoro).

Este tipo de activos financieros no están sometidos a retención tal y como lo prevé el art. 99.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

A pesar de lo cual, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.

En igual sentido sucede respecto de los rendimientos derivados de la transmisión o reembolso de activos financieros con rendimiento explícito, siempre que estén representados mediante anotaciones en cuenta y que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.

En estos casos, los activos financieros no están sujetos a retención, pero las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso estarán obligadas a calcular el rendimiento y a comunicarlo al titular y a la Administración tributaria, a la que proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones.

Igualmente, quedará sujeta a retención la parte del precio que equivalga al cupón corrido en las transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los treinta días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1º Que el adquirente sea una persona o entidad no residente en territorio español o sea sujeto pasivo del IS.

2º Que los rendimientos explícitos derivados de los valores transmitidos estén exceptuados de la obligación de retener en relación con el adquirente».

b.2.- BONOS Y OBLIGACIONES

Se trata de una Deuda a medio y largo plazo, con idénticas características salvo el plazo, que en el caso de los Bonos oscila entre 3 y 5 años, mientras que en las Obligaciones se emiten a 10, 15 y 30 años.

En cuanto al interés de estos títulos es de carácter periódico, en forma de «cupón», a diferencia de las Letras del Tesoro, que pagan los intereses al vencimiento.

Este tipo de Deuda no se emite al descuento por lo que su rentabilidad entraría en la categoría de los rendimientos explícitos, retribuyéndose a través de cupones de intereses cuyo devengo se produce periódicamente.

El art. 25.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 establece que tanto la amortización, como la transmisión de estos activos dan lugar a un rendimiento del capital mobiliario. Sin embargo, sólo somete a retención el cobro del cupón.

De modo que la renta se pone de relieve con su transmisión o amortización. Es por ello que la suscripción de un Bono por una cuantía superior a su nominal no tiene incidencia fiscal

Hay que tener presente para el cálculo del rendimiento neto que únicamente se pueden deducir los gastos de administración y depósito de valores negociables, por lo que los intereses y comisiones soportados por el préstamo empleado en la adquisición de valores de deuda pública no pueden minorar dichos rendimientos, al no poderse considerar ni gasto de administración y depósito de valores, ni gasto accesorio de adquisición que pueda integrar el valor de adquisición o suscripción de los bonos

c) Previsión social y seguros

c.1.-FONDO DE PENSIONES

La normativa de Planes y Fondos de Pensiones, ha establecido un régimen fiscal unitario cualquiera que sea la modalidad del Plan (empleo, individual o asociado)

La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los Fondos de Pensiones gozarán de exención en la modalidad de OS del ITPyAJD conforme dispone el art. 45.1 C 13 ª del TRLITPyAJD

Por su parte y en relación al IS el art. 7.1 de la LIS incluye como sujeto pasivo del impuesto a los fondos de pensiones, con un tipo de gravamen del 0% (art. 29.5 de la LIS). Lo que conlleva de un lado, la devolución de las retenciones soportadas e ingresos a cuenta practicados, y de otro, el deber de cumplir con las obligaciones formales que el IS establece.

En relación con el IVA, el art. 20. Uno 18º LIVA sobre exenciones relativas a operaciones financieras, recoge una amplia enumeración de operaciones financieras exentas, entre ellas las operaciones de gestión y depósito, de los Fondos de Pensiones.

Tributación de las aportaciones a planes de pensiones

De conformidad con el art. 17.1 e) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 se considerarán como rentas del trabajo en especie las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones o por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE, valorándose por su importe. (art. 43.1.1º e) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los apartados 1 a 5 del artículo 51 de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123, se aplicará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.

b) 8.000 euros anuales.

Asimismo, para seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cubrir compromisos por pensiones, se establece un límite adicional de 5.000 euros anuales.

En el caso que se produjesen excesos que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible por insuficiencia de la misma o por aplicación del límite porcentual, podrán ser reducidos en los cinco ejercicios siguientes (art. 52.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Por el contrario, esta norma no resultará de aplicación a las aportaciones y contribuciones que excedan de 8.000 euros (límite máximo previsto en el apartado 6 del artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

En lo que respecta a la tributación de las futuras prestaciones que se perciban no se verán minorada por aquellas aportaciones que no hubieren sido objeto de reducción por insuficiencia de la base imponible o por exceder del límite porcentual (30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas).

En el supuesto de que los contribuyentes opten por el régimen de tributación conjunta, de acuerdo con el art. 84.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 los límites máximos de reducción en la base imponible serán aplicados individualmente por cada partícipe o mutualista integrado en la unidad familiar.

Finalmente, existen determinadas especialidades que pasamos a exponer:

a) Aportaciones a un plan de pensiones del cónyuge.

El art. 51.7 de la LIRPPF establece que los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social previstos en el artículo 51 LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÏSICAS RCL 2006\2123 de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.500 euros

Estas aportaciones no estarán sujetas al ISyD.

Por su parte el cónyuge partícipe en el plan no debe obtener rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas superiores a 8.000 euros anuales

La cuantía máxima que puede reducir el cónyuge no partícipe es de 2.500 euros anuales desde el 1 de enero de 2015 con independencia de las deducciones que pueda practicar por aportaciones a sus propios sistemas de previsión social.

b) Aportaciones a plan de pensiones de discapacitados.

El art. 53 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 prevé la posibilidad de reducir por aportaciones o contribuciones realizadas a planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurado , planes de previsión social empresarial y seguros que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia siempre que se realicen de acuerdo con lo establecido por la Disp.Adic.10ª Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

La reducción de las aportaciones realizadas en dicho régimen tendrá como límite máximo las siguientes cuantías:

Las aportaciones anuales máximas realizadas por las personas con discapacidad partícipes no podrán rebasar la cantidad de 24.250 euros.

Las aportaciones anuales máximas realizadas por cada partícipe a favor de personas con discapacidad ligadas por relación de parentesco no podrán rebasar la cantidad de 10.000 euros. Todo ello sin perjuicio de las aportaciones que pueda realizar a su propio plan de pensiones, de acuerdo con el límite previsto en el artículo 52 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona con discapacidad, no podrá exceder de 24.250 euros anuales

Tributación de las prestaciones a planes de pensiones

Desde el 1 de enero de 2007 no hay diferencias en el tratamiento tributario de las prestaciones recibidas de los planes de pensiones.

Su tratamiento es el mismo se perciban en forma de capital, en forma de renta periódica o de forma mixta (con las especialidades propias del régimen transitorio).

Las prestaciones recibidas por un plan de pensiones tributan como rendimientos del trabajo, régimen que resulta más favorable de entre las distintas modalidades de rendimientos, ya que el beneficiario de las mismas podrá beneficiarse de las reducciones aplicables sobre tales rendimientos.

En consecuencia al estar sujetos a IRPF, no tributarán por el ISyD

Sin embargo, es preciso hacer al respecto la siguiente puntualización. Si la prestación por la contingencia de fallecimiento procede directamente de un plan de pensiones del sistema de empleo tributarán como renta del trabajo en el IRPF. Si en cambio la prestación se percibiera de un contrato de seguro de vida contratado por la empresa tributaría en el ISyD

c.2-MUTUALIDADES

A efectos tributarios es preciso distinguir entre el pago de primas de contratos de seguro que se efectúa por el empleador dentro de una relación laboral, siendo beneficiario y asegurado el trabajador, y aquellos otros supuestos en los que el pago de la prima la realiza un tercero que no se inserta en la relación de trabajo, sino que responde al ánimo de liberalidad.

Para que el promotor pueda deducirse las aportaciones a fórmulas alternativas a planes de pensiones, el art. 14.2 de la LIS recoge los requisitos que debe cumplir:

Las aportaciones deben ser sean imputadas fiscalmente en la imposición personal del sujeto al que se vinculan éstas consistiendo en la individualización de las primas satisfechas por el empresario a favor de cada uno de los empleados.

Es necesario que el derecho a la percepción de las prestaciones futuras se haya transmitido.

Que el pagador transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. Para lo cual se requiere que el tomador renuncie al derecho de rescate.

Desde la perspectiva del trabajador y de conformidad con el art. 43.1.e) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123, las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contratos de seguro como fórmulas alternativas a los Planes de Pensiones se consideran como retribuciones en especie dentro de la categoría de rendimientos de trabajo con independencia de que el mutualista sea un trabajador por cuenta ajena o un empresario o profesional, cualquiera que sea el beneficiario (puede por tanto ser persona distinta del tomador del contrato y a pesar de ello tributar en el IRPF y no en el ISD) y cualesquiera que sean las contingencias que generen las prestaciones

Asimismo, y de igual forma que sucede en los Planes de Pensiones, no existe la obligación de practicar ingresos a cuenta

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 establece, además, la forma de tributación aplicable a aquellos casos de prestaciones recibidas de contratos de seguro celebrados con mutualidades de previsión social que incumplan algunos de los requisitos materiales previstos en el art. 51.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 para poder gozar de la reducción de la base imponible.

En estos casos, el régimen, aplicable dependerá de las prestaciones recibidas, diferenciándose entre las prestaciones de jubilación o invalidez, y las derivadas de la contingencia de muerte.

a) Prestaciones de jubilación o invalidez se consideran como rendimientos del trabajo y se integrarán en la base imponible del IRPF únicamente en la medida en que su cuantía exceda de las aportaciones que no hayan podido ser deducibles en el momento de la aportación por incumplir los requisitos del art. 51.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Si el exceso de aportación no fue deducible por superar los límites del art. 52 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123tributará en su integridad.

b) Prestaciones derivadas del fallecimiento, tributará el beneficiario por el importe total de la prestación (sin que pueda por tanto reducir el exceso que no fue deducible), como renta del trabajo, si el mutualista que hizo las aportaciones pudo deducirlas de su IRPF.

En caso contrario (si no pudo deducir cantidad alguna), tributarán en el ISD bajo la modalidad de percepciones derivadas de contratos de seguro, tanto si se perciben en forma de capital como en forma de renta.

c.3.-CONTRATOS DE SEGURO COLECTIVOS

El tratamiento fiscal de las primas correspondientes a seguros colectivos concertados con entidades aseguradoras ordinarias, diferentes, por tanto de las Mutualidades de Previsión Social, no difiere en absoluto del previsto para las aportaciones a estas últimas.

En cuanto al trabajador asegurado, el tratamiento fiscal de las primas abonadas varía dependiendo de que le hayan sido imputadas fiscalmente o no:

a) En el caso de no existir imputación de primas al trabajador asegurado no constituyen retribución en especie. De igual manera, de habérsele reconocido derechos económicos en caso de cese de su relación laboral, no queda sujeta al impuesto la renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio del derecho de rescate para integrarlos en otro contrato de seguro.

b) De existir imputación de primas, éstas constituyen rendimientos del trabajo y el trabajador debe incorporar su cuantía a la base imponible del IRPF en el mismo ejercicio en que el tomador las abonó a la compañía aseguradora.

c.4.-PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS

Estos Planes de Previsión Asegurados no son sino contratos de seguro que reúnen unos requisitos específicos que los asimilan en cuanto a cobertura de contingencias y régimen de prestaciones a los planes de pensiones (art. 51.3 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.)

El tratamiento, tanto en el momento de las aportaciones, como cuando se reciban las prestaciones, es idéntico al establecido para los planes de pensiones. (diferimiento del gravamen al momento del cobro de las prestaciones mediante la práctica de una reducción de la base imponible por el importe de las primas satisfechas).

Tan sólo especificar que la única nota diferencial entre estos planes de previsión y los planes de pensiones estriba en que en los de previsión no se prevé la realización de aportaciones por el empresario de manera análoga a lo que ocurre con los promotores de los planes.

c.5.-PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO (PIAS)

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático son instrumentos financieros que no disfrutan de incentivo tributario alguno para las aportaciones que pudieran realizarse (no reducen la base imponible como sucede en otras fórmulas de previsión social),

No obstante, el legislador ha previsto un beneficio fiscal consistente en que la rentabilidad de las aportaciones que se pongan de manifiesto en el momento del vencimiento del contrato estará exenta, es decir, los rendimientos que se hayan generado desde la primera prima hasta el inicio del cobro de la renta vitalicia, estarán exentos siempre que se cumplan los requisitos legalmente exigidos

Pues en caso de incumplimiento de los mismos los rendimientos tributarán como cualquier otro seguro de ahorro, esto es, como rendimiento del capital.

La renta vitalicia que se perciba tributará de conformidad con lo dispuesto en el art.

25.3.a).2º Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123, considerándose rendimiento de capital mobiliario (y tributando por tanto a la tarifa reducida de la base imponible del ahorro) el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes fijados en dicho artículo que serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la constitución de la renta y permanecerán constantes durante toda su vigencia.

En caso de fallecimiento, la prestación tributará en el ISyD. Sin embargo, si el seguro estuviera contratado en régimen de gananciales, el 50% del cónyuge superviviente tributará como rendimiento del capital mobiliario.

c. 6.-SEGUROS DE DEPENDENCIA

El legislador tributario ha configurado una serie de medidas para incentivar fiscalmente la cobertura privada de la contingencia de dependencia.

Estas medidas están dirigidas:

a) A aquellas personas que ya sean grandes dependientes, para las que prevé la posibilidad de movilizar su patrimonio inmobiliario con la finalidad de obtener unos recursos periódicos que ayuden a hacer frente a las necesidades económicas que ocasiona su situación de dependencia.

Así el art. 33.4.b) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123declara exentas las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

b) A aquellas personas que quieran cubrirse de un eventual riesgo de incurrir en una situación de gran dependencia, para lo que el legislador prevé la consideración de la dependencia como una nueva contingencia a cubrir por los diferentes sistemas existentes de previsión social , ya se trate de planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social

Asimismo, se ha creado un nuevo contrato de seguro que cubra ese riesgo mediante una fórmula de ahorro sistemático, el seguro de dependencia, cuyo tratamiento fiscal es parejo al de los planes de pensiones o al de los planes de previsión asegurados.

c.7.-PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO

Los Planes de Ahorro a Largo Plazo diseñados especialmente para los pequeños inversores cuentan con un atractivo fiscal consistente en la exención de las rentas del capital que puedan generarse en el marco del plan siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura (art. 7 ñ) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Si bien el referido precepto hace referencia a los rendimientos positivos del capital mobiliario procedente de los seguros de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo lo que implica que los negativos sí se pueden computar.

IV.2.3.-Préstamo hipotecario: especial referencia a las cláusulas suelo

En cuanto al tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales será el que a continuación se detalla

No deben integrarse en la base imponible del IRPF.

Conforme establece el aptdo 1 de la Disp.Adic. 45 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 queda excluido de la base imponible del IRPF:

1.-Las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos (cláusulas suelo)

2.- Los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Regularizaciones cuando ha habido gasto deducible por inversión en vivienda habitual

No obstante, el aptdo 2 de la Disp.Adic. 45 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123 establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran tenido la consideración de gasto deducible.

En el primero de los supuestos deberá incluir los importes deducidos en la declaración del IRPF del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del RIRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.

Por el contrario no será de aplicación esta regularización si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo. Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, suprimiendo dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por el IRPF.

Forma y plazo de las regularizaciones

En función del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían.

De tal manera que se pueden diferenciar los siguientes supuestos:

-El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, por las cantidades percibidas:

a. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se habrá debido efectuar en la declaración del año 2016 (que se presentó en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

b. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

-El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:

a.El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración.

El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

Regularización ya efectuada por el contribuyente

Finalmente, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones mediante la solicitud de la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

V.- Reflexiones finales

En primer lugar el cliente bancario debería analizar y comparar los diferentes productos y servicios que ofrecen las distintas entidades de crédito para poder contratar aquél que mejor se adapte a sus posibilidades y en especial a sus expectativas.

Sería recomendable una mayor claridad en cuanto a los derechos y obligaciones que conlleva la contratación de determinado producto o servicio bancario no sólo en cuanto al riesgo y su rentabilidad sino fundamentalmente en cuanto a la liquidez del mismo, a si se podrá reiterar todo o parte del dinero antes de que finalice el plazo convenido, así como la tributación que se va a generar

También ha de ser clara y comprensible la información y la publicidad tanto cuando se contrata un producto financiero como aquélla que periódicamente se recibe por parte de la entidad.

Finalmente, es de destacar un variable que ha alcanzado un peso específico propio como es las implicaciones tributarias de los distintos productos financieros.

De este modo la planificación de productos de ahorro/inversión (acciones, depósitos, fondos de inversión,) y de previsión social (Planes de pensiones, PIAS,...) se convierte en una pieza básica al objeto de obtener una optimización financiero-fiscal de las inversiones.

BANCO DE ESPAÑA: El Banco de España y los derechos del cliente, disponible en http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Derechos_de_los_/El_BdE_y_los_der/, última consulta el 3 de julio de 2017.

Tal y como expresamente señala Fernando Zunzunegui la noción general de “consumidor” no coincide con la del sujeto protegido por la regulación financiera. Pues mientras que la noción de consumidor se asienta en el art 3 del Real Decreto Legislativo 1/2017 de 16 de noviembre “son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”. El concepto de cliente es diferente y más amplio que el de consumidor, pues las empresas no financieras también son protegidas en la regulación financiera, ZUNZUNEGUI, F.: “Derechos del consumidor de servicios y productos financieros como derechos básico” en Revista de Derecho del Mercado Financiero. Madrid, 2013, pág. 3

Véase el art. 4 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios («BOE» núm. 157, de 29 de junio de 2010)

Tal y como pone de manifiesto la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre («BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2015), relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

La cual será elaborada y representada gráficamente de conformidad con lo dispuesto en la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre («BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2015)

Véase el art. 6.4 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 ( «DOUE» núm. 60, de 4 de marzo de 2015)

Precisándose en el articulado del referido Reglamento que deberá contener a modo de síntesis:

Los riesgos que el inversión corre y breve descripción del perfil de la rentabilidad

Riesgos de qué el producto financiero no se pueda pagar, es decir, si la pérdida consiguiente está cubierta por un régimen de compensación o garantía para los inversores, y en caso afirmativo, de qué régimen se trata, el nombre del garante y cuáles son los riesgos cubiertos y no cubiertos por el régimen

Los costes directos e indirectos que habrá de soportar el cliente bancario o financiero. Asimismo, se deberá informar de los posibles costes de distribución que no estén ya incluidos en los antedichos costes, a fin de que el inversor minorista pueda comprender los efectos acumulados de estos costes agregados en la rentabilidad de la inversión

Tiempo de mantenimiento de la inversión y si existe la posibilidad de retirar el dinero de manera anticipada

Y finalmente información sobre la forma en que el inversor minorista puede presentar una reclamación relativa al producto o a la conducta de la persona que haya asesorado sobre él o lo haya vendido, y sobre a quién puede dirigir tal reclamación

“Como la denominada rentabilidad financiero-fiscal que mide la rentabilidad por completo ajena a las características intrínsecas del producto que se pretende comercializar”, tal y como se establece en la Exposición de Motivos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. («BOE» núm. 285, de 29/11/2006)

Hasta 2016, la renta obtenida disminuía el valor de adquisición, produciéndose un diferimiento de la tributación hasta el l momento en que se transmitían las acciones, exención que sólo se mantiene si se cobra en acciones, que recibe gratuitamente. Sin embargo, desde 2017, se considera una ganancia que tributa al porcentaje que corresponda según el importe si se venden en el mercado los derechos de suscripción.

AA.VV.: Productos financieros. Acciones. DOC 2003\347 Aranzadi. Práctico fiscal disponible en http://experto.aranzadidigital.es/maf/app/document?docguid=Ic0a892f0759d11db9913010000000000&srguid=i0ad82d9b0000015d03c3c30333b7b5a1 última consulta 21 de agosto de 2017

Véase el art. 91.9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Esto es, si un socio realiza una aportación con prima de emisión por importe de 80, y la sociedad genera posteriormente 100 de beneficios, el reparto de la prima no será tratado como una devolución del capital, sino como un reparto de 80 unidades de los beneficios generados con posterioridad a la aportación de la prima AA.VV.: Productos financieros. Acciones. DOC 2003\347 Aranzadi. Práctico fiscal disponible en http://experto.aranzadidigital.es/maf/app/document?docguid=Ic0a892f0759d11db9913010000000000&srguid=i0ad82d9b0000015d03c3c30333b7b5a1 última consulta 21 de agosto de 2017

Consulta Vinculante V1978-16, de 09 de mayo de 2016 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Jurídicas

Véase el art. 7.1.c) del LIS

El legislador enumera a modo ejemplificativo:

“1. º Los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, incluso los originados por operaciones comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o suministradores.

2. º La contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros.

3. º Las rentas derivadas de operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra.

4. º Las rentas satisfechas por una entidad financiera, como consecuencia de la transmisión, cesión o transferencia, total o parcial, de un crédito titularidad de aquélla.”

Consulta V1545-14 de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de Tributos

Véase el art. 75.3 e) del RIRPF

Véase el art. 75.3.e) del RIRPF

Consulta V0584, de 6 de marzo de 2014, de la Dirección General de Tributos

Consulta V0360-13 de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos

El artículo 4 del TRLPFP y los artículos 2.2 y 16 del RD304/2004 de 20 febrero, distingue tres sistemas de Planes de Pensiones:

a) Sistema de empleo, donde el promotor es cualquier entidad, corporación, sociedad o empresa y cuyos partícipes son susempleados;

b) Sistema asociado : promovidos por cualquier Asociación, Sindicato, gremio ocolectivo, siendo los partícipes sus asociados y miembros; y

c) Sistema individual, cuyo promotores una o varias Entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son cualesquiera personasfísicas, a excepción de las que estén vinculadas a aquéllas por relación laboral y sus parientes, hastael tercer grado inclusive.

A favor de personas con discapacidad constituidos a favor de personas con minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33%, así como de personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con independencia de su grado

La mayor novedad introducida por la Ley 26/2014, de reforma del IRPF consistió en la posibilidad de disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones con al menos diez años de antigüedad de determinados instrumentos de previsión social, régimen que la nueva D.A.8ª del TRLPFP extiende a los sistemas de previsión social complementaria análogos a los planes y fondos de pensiones, entre los que se incluyen los planes de previsión asegurados.

Además, la nueva D.T.7ª TRLPFP establece que los derechos económicos de los asegurados existentes a 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes, serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025

Véase el art. 7 y la Disp. Adic. 3ª Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RCL 2006\2123.

Dichos porcentajes son los siguientes:

40 por 100, cuando el perceptor tenga menos de 40 años.

35 por 100, cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años.

28 por 100, cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años.

24 por 100, cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años.

AEAT: Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, disponible en http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/_INFORMACION/Novedades/Publicadas_en_2017/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_Ley_1_2017__de_20_de_enero__de_medidas_urgentes_de_protecc__lausulas_suelo_.shtml, última consulta el 21 de agosto de 2017

Los ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos deducibles serán aquéllos respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

A pesar de lo cual, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio