"Del bilateralismo al control supranacional: el nuevo régimen jurídico de las inversiones extranjeras en la Unión Europea y el incremento de los litigios arbitrales”.

Abstract

La inversión constituye una pieza clave en el proceso de globalización a nivel mundial. Tanto la inversión recibida en España como la española en el exterior contribuyen al crecimiento de la economía. Su importancia no está exenta de riesgos, razón por la cual se hace preciso establecer mecanismos de control y protección con el fin de establecer un marco jurídico que aporte seguridad y estabilidad a los inversores.

Históricamente, los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) ofrecían un marco que permitía a los inversores recurrir al arbitraje internacional en caso de conflicto. Sin embargo, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 supuso un punto de inflexión, al asumir la Unión Europea de manera exclusiva, la competencia en materia de inversión extranjera directa (IED).

El nuevo marco competencial planteó un problema de incompatibilidades entre el Derecho de la Unión con el que venía siendo el sistema clásico de resolución de conflictos del que disponían los Estados Miembros (EM). A partir de entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ido delimitando los contornos de esta incompatibilidad, declarando la invalidez del arbitraje intra-UE. No obstante, la desarticulación de este sistema no ha venido acompañada de la consolidación de un sistema alternativo, lo que presenta un escenario de incertidumbre jurídica tanto para los inversores como los EM.

Investment plays a key role in the process of globalisation worldwide. Both foreign investment in Spain and Spanish investment abroad, contribute to economic growth. Its importance is not without risks, which is why its necessary to establish control and protection mechanisms in order to create a legal framework that provides security and stability for investors.

Historically, Bilateral Investment Treatties (BITs), provided a framework that allowed the participating investors involved to resort to international arbitration in the event of a dispute. However, the entry into force of the Treaty of Lisbon in 2009 marked a turning point, as the European Union assumed exclusive competence over foreign direct investment (FDI). The new framework of competences raised a problem of incompatibility between the European Union (EU) Law and what had been the traditional dispute resolution system previously available to Member States (MS).

Since then, the Court of Justice of the EU (CJEU) has been defining the contours of this incompability, declaring intra-EU arbitration invalid. However, the desmantling of this system has not been accompanied by the establishment of an alternative system, creating a scenario of legal uncertainty for both investors and MS.