El impacto de la normativa autonómica en la inversión en energías renovables: un estudio jurídico-financiero

Abstract

El presente trabajo analiza el impacto de la normativa autonómica en la inversión privada en energías renovables en España desde una perspectiva jurídico-financiera. Partiendo de un sistema de gobernanza multinivel, en el que el Estado establece las bases del régimen energético mientras que las Comunidades Autónomas desempeñan un papel decisivo en la tramitación administrativa de los proyectos, se examina cómo la heterogeneidad regulatoria territorial incide en la seguridad jurídica y en la toma de decisiones de inversión.

En primer lugar, se estudia el marco regulatorio general del sector energético, incluyendo la normativa europea, la distribución competencial y los principales procedimientos administrativos, con especial atención a la evaluación de impacto ambiental, los permisos de acceso y conexión y la tramitación urbanística. A continuación, se realiza un análisis comparado de tres Comunidades Autónomas, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, seleccionadas por presentar modelos regulatorios diferenciados en términos de intensidad ambiental, complejidad procedimental y nivel de litigiosidad.

El trabajo evidencia que la diversidad normativa no constituye en sí misma una disfunción del modelo constitucional, pero sí puede generar efectos económicos diferenciados cuando se traduce en una menor previsibilidad en la aplicación de las normas. En particular, se identifica que la complejidad procedimental, la discrecionalidad administrativa y la judicialización del sector incrementan el riesgo regulatorio y pueden desincentivar la inversión.

Finalmente, se proponen medidas orientadas a reforzar la coherencia procedimental y la seguridad jurídica, con el objetivo de compatibilizar la protección ambiental, la autonomía territorial y la atracción de inversión necesaria para la transición energética.

This paper analyses the impact of regional regulation on private investment in renewable energy projects in Spain from a legal and financial perspective. Within a multi-level governance framework, where the State establishes the basic legal regime while Autonomous Communities play a key role in the administrative processing of projects, the study examines how regulatory heterogeneity affects legal certainty and investment decision-making.

First, the general regulatory framework of the energy sector is examined, including European legislation, the distribution of competences, and the main administrative procedures. Particular attention is paid to environmental impact assessment, grid access and connection permits, and urban planning procedures. The paper then develops a comparative analysis of three Autonomous Communities, Galicia, Castilla-La Mancha, and Andalucía, selected due to their differing regulatory models in terms of environmental intensity, procedural complexity, and litigation levels.

The findings suggest that regulatory diversity is not inherently dysfunctional within the constitutional system. However, it may produce differentiated economic effects when it leads to reduced predictability in the application of rules. In particular, procedural complexity, administrative discretion, and judicial review are identified as key sources of regulatory risk that may discourage private investment.

Finally, the paper proposes regulatory improvements aimed at enhancing procedural coherence and legal certainty, seeking to balance environmental protection, territorial autonomy, and the need to attract investment essential for the energy transition.