Modernización de la administración de justicia: tramitación digital de los procedimientos y otros avances impulsados por la última reforma legal

Abstract

La modernización de la administración de justicia en España se centra en la digitalización de los procedimientos, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025 y el Real Decreto-ley 6/2023. Esta transformación busca mejorar la eficiencia, accesibilidad y transparencia mediante herramientas como el expediente judicial electrónico, las vistas telemáticas y los actos de comunicación electrónicos. El expediente digital supone un cambio de paradigma al pasar de documentos físicos a datos estructurados, garantizando interoperabilidad y trazabilidad. Las vistas virtuales y la presencia telemática facilitan el acceso a la justicia, reducen costes y tiempos, pero plantean retos como la protección de datos, la identificación segura de los intervinientes y la preservación de principios como inmediación y publicidad. Además, la digitalización exige infraestructura tecnológica homogénea, formación continua para operadores jurídicos y medidas para evitar brechas digitales que excluyan a colectivos vulnerables. Herramientas emergentes como la inteligencia artificial se perfilan como apoyo en tareas administrativas, bajo estrictos principios de transparencia y supervisión humana. En definitiva, la justicia digital representa una oportunidad para construir un sistema más ágil e inclusivo, siempre que se garantice la seguridad, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales.

The modernization of Spain’s judicial system focuses on the digitalization of procedures, driven by Organic Law 1/2025 and Royal Decree-Law 6/2023. This transformation aims to enhance efficiency, accessibility, and transparency through tools such as the electronic judicial file, virtual hearings, and electronic communications. The electronic case file marks a paradigm shift from physical documents to structured data, ensuring interoperability and traceability. Virtual hearings and telepresence improve access to justice and reduce costs and delays, but they raise challenges regarding data protection, secure identification of participants, and safeguarding principles like immediacy and publicity. Digitalization also requires a robust and uniform technological infrastructure, continuous training for legal professionals, and measures to prevent digital divides that could exclude vulnerable groups. Emerging technologies such as artificial intelligence are envisioned as support tools for administrative tasks, under strict principles of transparency and human oversight. Ultimately, digital justice offers an opportunity to build a more agile and inclusive system, provided that security, fairness, and fundamental rights are fully respected.