Tratamiento tributario de las garantías jurídicas: Los préstamos hipotecarios. Especial mención a la modalidad del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

Abstract

Las conclusiones que se alcanzan en esta monografía después del análisis serio y riguroso de nuestro ordenamiento jurídico, es que realmente las garantías no están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en ninguna de sus modalidades, al igual que en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Y el decurso histórico nos permite llegar a esa misma conclusión, aunque siempre se ha ocultado en otro tipo de razonamientos o argumentaciones (así la frase que se ha repetido continuamente en sentencias: Si el impuesto en un primer momento basculaba sobre la hipoteca, después pasó al préstamo).

Y el argumento que se utiliza es que en materia de garantías, aunque analizado con profundidad en la hipoteca, no existe transmisión ni circulación, y por ello no cabe su tributación. Es decir, aunque se hable de que el hecho imponible es la constitución de un derecho real de garantía, lo que existe en materia de hipotecas es una afectación, vinculación que realiza el deudor sobre un bien de su propiedad, en garantía de esa obligación, y que es lo que se denomina una res pro pignoris obligatis.

Pero se vuelve a insistir no existe constitución sino exclusivamente una promesa, un empeño de la palabra por parte del deudor, y para que tenga relevancia o fijeza, se le rodea de una serie de formalidades (la inscripción en un registro) que se acepta por el acreedor.

Así, si en un primer momento la afectación de hipoteca no se sometía a tributación (si se analiza nuestro derecho histórico), pasará después a tributar por un tipo proporcional, pero como sería muy gravoso someterla al mismo tipo de gravamen al que sometían las transmisiones, se aplicó el 1 por ciento.

Como la tributación era del todo excesiva, la regla de la tributación separada o independiente de cada una de las convenciones se eliminó exclusivamente para los préstamos hipotecarios, porque se consideraba vigente únicamente para este supuesto que lo accesorio sigue al principal (lo que suponía la tributación por el concepto de préstamo exclusivamente). Entonces, con nuestra adhesión a la actual Unión Europea, se tuvo que transponer la Directiva que en la actualidad es la Directiva 2008/7/CE, lo que supuso la desaparición de la tributación por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPAJD.

Sin embargo, reapareció la tributación por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del ITPAJD, que paradójicamente es del 1 por ciento (en la legislación estatal), pero entiendo que por los impuestos que gravan las inscripciones de hipotecas y privilegios (como la excepción que admite la Directiva) así como los derechos remuneratorios.

The conclusions reached in this monograph, after a serious and rigorous analysis of our legal system, are that guarantees are not actually subject to the Tax on Property Transfers and Documented Legal Acts (ITPAJD) under any of its forms, nor to Value Added Tax (VAT). Historical development leads us to the same conclusion, although it has always been concealed under other kinds of reasoning or arguments (as in the phrase repeatedly used in judgments: “If the tax initially rested on the mortgage, it later shifted to the loan”).

The argument used is that, in matters of guarantees—though analyzed in depth through the mortgage—there is no transfer or circulation, and therefore taxation is not applicable. That is, even if it is said that the taxable event is the creation of a real right of guarantee, what exists in mortgages is an encumbrance or linkage created by the debtor over a property they own as security for that obligation, which is what is known as a res pro pignoris obligatis.

But it is emphasized again that there is no true creation of a right, but exclusively a promise, a pledge of the debtor’s word; and in order for it to have relevance or firmness, it is surrounded by a series of formalities (registration in a registry) accepted by the creditor.

Thus, if at first the mortgage encumbrance was not subject to taxation (as shown by our historical law), it later came to be taxed at a proportional rate; but since applying the same tax rate as for transfers would have been very burdensome, a 1% rate was applied.

Because taxation was wholly excessive, the rule of separate or independent taxation of each agreement was eliminated exclusively for mortgage loans, since it was considered valid only for this case that the accessory follows the principal (which meant taxation only under the concept of the loan). Then, with our accession to the current European Union, the Directive now known as Directive 2008/7/EC had to be transposed, which led to the disappearance of taxation under the form of Onerous Property Transfers (TPO) within the ITPAJD.

However, taxation reappeared under the form of Documented Legal Acts (AJD) within the ITPAJD, which paradoxically is set at 1% in state legislation. I understand this to be due to taxes levied on mortgage and privilege registrations (as an exception allowed by the Directive), as well as remunerative rights.