Estudio crítico del coste y del precio de la energía eléctrica en España. Aplicación a la economía de las redes inteligentes

Abstract

En 1996, como resultado de una serie de conversaciones entre el nuevo gobierno y las empresas eléctricas, se firma el “Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional” que desembocaría en la aprobación el 28 de noviembre de 1997 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Esta ley reforma profundamente el sector e inicia el proceso de liberalización del mismo: -­‐ Separación entre actividades reguladas, transporte y distribución, y actividades que se pueden desarrollar en régimen de libre competencia (generación y comercialización) -­‐ Libertad de acceso a las redes de transporte y distribución mediante los peajes de acceso -­‐ Creación del Operador del Mercado y del Operador del Sistema Separación de la producción de energía eléctrica en dos regímenes: ! Régimen ordinario formado por las energías nuclear, del carbón, fuel, gas y gran hidráulica. ! Régimen especial, formado por la energía eléctrica procedente del tratamiento de residuos, biomasa, hidráulica, solar, eólica y cogeneración. Tienen derecho a recibir una subvención regulada y tienen garantizada la venta de la producción a una tarifa establecida o bien a precio de mercado más una prima adicional.En 2004 se había introducido el primer sistema de primas al régimen especial a través del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, con el objetivo de aumentar el porcentaje renovable en el mix de generación y así reducir las emisiones de CO2 y la dependencia energética del exterior y cumplir los objetivos establecidos por Europa. En el año 2007 el Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo establece el marco económico que supone el despegue de las renovables en España (eólica y solar), cómo se ve en la siguiente gráfica. Éste proyecto ha realizado un análisis de la composición del precio del kWh en el marco regulatorio previo a la reforma del sector eléctrico llevada a cabo a partir del 2012, para analizar la racionalidad de las nuevas medidas y su capacidad de reducir los costes del sistema garantizando la sostenibilidad económica del mismo. Como se puede observar en las siguientes gráficas, los principales costes del sistema son las primas al régimen especial, suponiendo en torno al 40 % de los mismos, seguidas de los costes de distribución y gestión comercial (24%), los costes asociados al déficit (11%), la retribución al transporte (7%) y la compensación insular y extrapeninsular. (8%).