El régimen jurídico de los parques eólicos terrestres

Abstract

El presente trabajo analiza y describe el régimen jurídico de los parques eólicos terrestres en España, a partir del estudio de la normativa nacional e internacional del sector, así como de las diferentes cumbres y estrategias europeas y mundiales, en materia de cambio climático. Se analiza el marco estatal y autonómico y se describe el procedimiento administrativo para la tramitación de un parque eólico. El marco legal actual estatal y autonómico de impulso de las energías renovables en España, es la consecuencia de la evolución que la regulación del sector ha venido experimentando: • Por una lado, desde 1997 hasta 2013, con la aprobación de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en el que las energías renovables eléctricas recibieron un gran impulso y fueron primadas. • Y, por otro lado, desde 2013, con la aprobación de la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, al desaparecer ese tratamiento especial que recibían las renovables en la Ley anterior. En este trabajo, se considera un proyecto de potencia inferior a 50 MW y situado íntegramente (aerogeneradores e infraestructuras eléctricas) en una CCAA, será en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). La planificación sectorial y territorial de la energía en la CAPV está contenida, básicamente, en la Estrategia Energética de Euskadi al 2030 (3E2030) y en las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV. La 3E2030 señala la estrategia en materia de energía al 2030 y las DOT el marco general de referencia para la ordenación y el uso de los espacios y del territorio en cuanto a políticas sectoriales, y entre ellas, el Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Energía Eólica. A esto se suma que, la ejecución de parques eólicos en los emplazamientos seleccionados en el PTS de la Energía Eólica, requieren de una tramitación industrial, a través del Decreto 115/2002 sobre autorización de instalaciones eléctricas y ambiental, mediante la Ley 3/98 sobre protección del medio ambiente. Igualmente, precisan de las correspondientes licencias municipales (Actividad, Obras y Apertura), y en el caso de ser necesaria la ocupación de bienes de dominio público, requiere también de una autorización o concesión especial.

This work analyses and describes the legal framework for onshore wind farms in Spain, based on the study of national and international regulations in the sector and of the different European and world summits and strategies on climate change. The paper analyses the existing state and regional frameworks and describes the administrative procedure involved in the process of setting up a wind farm. The current state and regional legal framework for the promotion of renewable energies in Spain is the consequence of the changes that the regulation of the sector has undergone: • on the one hand, from 1997 to 2013, with the approval of the Electricity Sector Act 54/1997, through which electrical renewable energies received a major boost and were given priority; and • on the other hand, since 2013, with the approval of the new Electricity Sector Act 24/2013, when the special treatment for renewables granted in the previous Act disappeared. In this paper, the project is considered to have a capacity of less than 50 MW and to be located entirely (wind turbines and electrical infrastructures) in one autonomous community. The project will be developed in the Autonomous Community of the Basque Country (ACBC). Sectoral and territorial energy planning in the ACBC is basically covered in the Basque Country Energy Strategy to 2030 (3E2030) and in the ACBC Territorial Planning Guidelines (DOTs by their Spanish acronym). The 3E2030 sets out the energy strategy for 2030 and the DOTs the general reference framework for the planning and use of space and land in terms of sectoral policies, including the Sectoral Territorial Plan (STP) for Wind Energy. In addition, the construction of wind farms on sites selected in the Wind Energy STP requires a formal industrial process to be followed, pursuant to Decree 115/2002 on the authorisation of electrical and environmental installations, under Act 3/98 on environmental protection. Likewise, wind farms also require the corresponding municipal licenses (Activity, Works and Opening) and, if public property needs to be occupied, a special authorization or concession.