La regla del juicio empresarial: ámbito de aplicación y alcance práctico en el ordenamiento jurídico español

Abstract

El comienzo de actividades económicas implica la asunción de riesgos: son ellas el más vivo ejemplo de que el fracaso es, en muchas ocasiones, su más visible consecuencia. En el marco legal de las sociedades mercantiles, especialmente en aquel que resulta de aplicación a las sociedades cotizadas (Lázaro, Martínez-Moya y Monzón, 2015) ha existido desde la aparición de regulación en torno al proceso de mejora del gobierno corporativo, una cierta intranquilidad por parte del legislador, en lo que a la diligencia requerida a los administradores en el ejercicio de su cargo se refiere. En este sentido, en la configuración anterior, la responsabilidad de los administradores se exigía sin una justificación precisa de las piezas que la constituían, pues la jurisprudencia consideraba que se trataba de una responsabilidad con vocación indemnizatoria (Pérez, 2015) sin mayor precisión al respecto. En consecuencia, a un nivel práctico, ello se traducía en la obtención de resultados insatisfactorios: o bien, en absoluciones en ciertos supuestos en los que existía una responsabilidad evidente, o bien en condenas, en aquellos otros, en los que cabían defensas lógicas y suficientes que el regulador, por su parte, no había tenido en cuenta. Es por ello y entonces, cuando se introduce una de las grandes novedades en nuestra Ley de Sociedades de Capital, acaecida a través de la integración en su artículo 226, mediante la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre para la mejora del gobierno corporativo, de la práctica jurisprudencial estadounidense denominada, originalmente, la business judgment rule. A través del estudio de sus elementos y alcance práctico, el objetivo del presente trabajo es doble: de un lado, analizar si la incorporación a nuestro ordenamiento del principio norteamericano de la business judgment rule ha sido apropiada y efectiva; de otro, señalar aquellos aspectos, que pueden ser objeto de mejora para conseguir una mejor implementación de la regla.

The beginning of economic activities implies the assumption of risks: they are the most vivid example of the fact that failure is, on many occasions, its most visible consequence. In the legal framework of corporate companies, especially in that which applies to listed companies, there has been a certain uneasiness on the part of the legislator since the appearance of regulations on the process of improving corporate governance, with regard to the diligence required of directors in the exercise of their office. In this sense, in the previous configuration, the liability of the directors was demanded without a precise justification of the pieces that constituted it, since the jurisprudence considered that it was a liability with indemnifying vocation, without greater precision in this respect. Consequently, on a practical level, this turned into unsatisfactory results: either absolutions in certain cases in which there was obvious liability, or convictions, in others, in which there was a logical and sufficient defences that the regulator, for its part, had not taken into account. It is for this reason and then, when one of the great novelties was introduced in our Corporation Law, occurred through the integration in its article 226, through the reform operated by Law 31/2014, of December 3, for the improvement of corporate governance, of the American jurisprudential practice originally known as the business judgment rule. Through the study of its elements and practical scope, the objective of this work is twofold: on the one hand, to analyze whether the incorporation of the North American principle of business judgment rule has been appropriate and effective; on the other hand, to point out those aspects that can be improved in order to achieve a better implementation of the rule.