La protección del deudor hipotecario

Abstract

La hipoteca, aun pareciendo una institución muy reciente, lleva con nosotros desde la época de Roma y ha tenido que adaptarse paulatinamente a las necesidades de sus usuarios. La figura más débil en esta relación contractual, que se da entre individuos y entidades bancarias, es el deudor hipotecario. Es necesaria, por tanto, una especial defensa y una adecuada protección para que no se produzcan desequilibrios. La labor legislativa, y también jurisprudencial, da cuenta de ello, estableciéndose el marco para que los deudores no queden al amparo de unas condiciones generales de contratación poco claras o unas cláusulas abusivas injustas. Sin embargo, se ha querido ir más allá proponiendo una serie de medidas que ahondan en la protección de los más vulnerables y que nunca llegan a ser suficientes. Las medidas van desde la ampliación de las personas consideradas en riesgo de exclusión hasta el desarrollo de un código de buenas prácticas legalmente vinculante, pasando por la suspensión inmediata de desahucios de vivienda habitual por mayor plazo o la elevación del umbral de renta inembargable. Hay que ser consciente de que las medidas son contundentes y severas, pero no lo es menos la situación de muchas familias que necesitan todo el amparo que las instituciones puedan conceder.

Mortgages, even though it seems a very recent institution, have been with us since the Romans and had to gradually adapt to the needs of its users. The weakest counterpart in this contractual relationship, which occurs between individuals and banks, is the mortgage debtor. Therefore, a special defense and adequate protection are necessary so that imbalances do not occur. The legislative work, and also jurisprudence, accounts for this, establishing the framework in order the debtors not to be harmed by unclear general contracting conditions or unfair abusive clauses. However, we wanted to go further by proposing a series of measures that delve into the protection of the most vulnerable, yet never enough. The measures range from the expansion of people considered at risk of exclusion to the development of a legally binding code of good practice. Also, the immediate suspension of evictions of habitual residence for a longer term or the raising of the threshold of unattachable income. We must be aware that the measures are forceful and severe, but the situation of many families who need all the protection that the institutions can grant is no less so.