Kioto, Paris y Nueva York : cumplimiento normativo de las medidas contra el cambio climático

Abstract

En las últimas tres décadas se han producido los avances más significativos en la lucha contra el cambio climático desde la óptica del Derecho Ambiental Internacional. La Convención Marco de 1992 supuso un antes y un después en este proceso al establecer, por medio de un tratado internacional, el fin último de la acción climática de los países: la estabilización de las emisiones de GEI con el fin de limitar sus efectos en el clima. Desde entonces se han venido firmando distintos tratados dirigidos al cumplimiento de este objetivo. El primero fue el Protocolo de Kioto de 1997, en el que se establecieron límites concretos a las emisiones de los países desarrollados. Sin embargo, la no ratificación de EE. UU., por entonces el más contaminante, así como la escasa participación en el segundo periodo de compromiso, debilitaron el espíritu del acuerdo de conseguir un compromiso de reducción global. Con objeto de resolver estos problemas y avanzar hacia el establecimiento de objetivos más ambiciosos, en diciembre de 2015 se adoptó un nuevo tratado conocido como el Acuerdo de París. A diferencia del Protocolo, en el Acuerdo se fijó un objetivo general de limitación del aumento de la temperatura media del planeta en un máximo de 2 grados. En este caso no solo quedaron obligados los Estados desarrollados, sino que el Acuerdo recogió también a los países en desarrollo. La acción internacional de los últimos años ha estado orientada a la concreción de las contribuciones nacionales (CDN). En este sentido, un nuevo movimiento liderado por la joven activista Greta Thunberg está teniendo un gran impacto a nivel mundial desde la Cumbre de Nueva York de 2019. España, como Estado miembro de la UE, ha participado en todo este proceso y ha llevado a cabo numerosas iniciativas para el cumplimiento de estos compromisos.

The last three decades have seen the most significant advances in the fight against climate change from the perspective of International Environmental Law. The 1992 UN Framework Convention on Climate Change marked a turning point in this process by establishing, through an international treaty, the ultimate goal of countries' climate action: the stabilization of GHG emissions in order to limit their effects on the climate. Since then, various treaties have been signed to fulfil this objective. The first was the 1997 Kyoto Protocol, which set specific limits on developed country emissions. However, the non-ratification of the USA, at that time the most polluting country, as well as the low participation in the second commitment period, weakened the spirit of the agreement to achieve a global reduction commitment. In order to address these problems and to make progress towards more ambitious targets, a new treaty known as the Paris Agreement was adopted in December 2015. Unlike the Protocol, the Agreement set an overall objective of limiting the rise in global average temperature to no more than 2 degrees. This not only bound the developed States, but also included the developing countries in the Agreement. International action in recent years has been geared towards the realization of national contributions (CRC). In this sense, a new movement led by the young activist Greta Thunberg is having a great impact at the global level since the New York Summit of 2019. Spain, as an EU Member State, has participated in this whole process and has carried out numerous initiatives to fulfil these commitments.