Los desafíos constitucionales de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana

Abstract

La aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana supuso un aumento de la potestad sancionadora de la Administración, así como de las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la determinación de este bien jurídico no ha sido suficientemente construida por la legislación ni por nuestra doctrina constitucional, dejando así un amplio margen de arbitrariedad a la actuación administrativa. De este modo, este estudio busca analizar el concepto constitucional de la seguridad ciudadana y la adecuación de su renovada legislación a una correcta interpretación de la Constitución Española. Para ello, se profundiza en el significado de la seguridad, con especial atención a la delimitación conceptual de la seguridad pública y ciudadana, así como a su concepción histórica a través de sus anteriores regímenes jurídicos. Debido a la controversia surgida a raíz de su aprobación, se estudian las denuncias de numerosas organizaciones y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma. Por último, se analiza el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la LOPSC y la adecuación de este a a la Carta Magna, de acuerdo con la doctrina y a la propia jurisprudencia constitucional. Todo ello con el fin de conocer si el régimen establecido por la nueva Ley Orgánica supone una limitación excesiva al ejercicio de los derechos fundamentales y si cumple con el debido respeto a los principios constitucionales, particularmente, a la seguridad jurídica, dada la falta de certeza que rodea a la seguridad ciudadana.

The approval of the Organic Law 4/2015, of March 30, on the Protection of Citizen Security meant an increase in the sanctioning power of the Administration, as well as in the attributions of the State Security Forces and Corps. However, the determination of this legal asset has not been sufficiently constructed by legislation or by our constitutional doctrine, thus leaving a wide margin of arbitrariness to administrative action. In this manner, this study seeks to analyze the constitutional concept of citizen security and the adequacy of its renewed legislation to a correct interpretation of the Spanish Constitution. To this end, it delves into the meaning of security, with special attention to the conceptual delimitation of public and citizen security, as well as its historical conception through its previous legal regimes. Due to the controversy that arose because of its approval, the complaints of numerous organizations and the appeal of unconstitutionality filed against it are studied. Finally, we analyze the recent pronouncement of the Constitutional Court on the LOPSC and its adaptation to the Constitution, in accordance with the doctrine and constitutional jurisprudence. The aim is to determine whether the regime established by the new Organic Law is an excessive limitation on the exercise of fundamental rights and whether it complies with due respect for constitutional principles, particularly legal certainty, given the lack of certainty surrounding citizen security.