La capitalización de deuda como medida de reestructuración empresarial y efectos sobre los socios

Abstract

En el presente trabajo, procederemos a desarrollar de manera exhaustiva el mecanismo que supone la capitalización o conversión de deuda como medida de reestructuración empresarial, así como los efectos que tal actuación societaria podría suponer sobre los socios, como la lógica dilución de su participación o reducción de su porcentaje accionarial con la entrada de acreedores como nuevos inversores al capital de la empresa, u otros efectos análogos. En consecuencia, analizaremos las primordiales disputas doctrinales acerca de la naturaleza que subyace esta figura, intentando esclarecer si la ampliación de capital por compensación de créditos es análoga a las ampliaciones con cargo a aportaciones dinerarias, o por el contrario el débito a compensar se asemeja a las aportaciones no dinerarias. En segunda instancia, profundizaremos en la trascendencia de esta figura en el ámbito concursal y preconcursal, incidiendo en los instrumentos disuasorios que el legislador ha previsto en materia de responsabilidad, como la novedosa reforma de la legislación concursal, canalizada a través del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), o la Directiva Comunitaria (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deuda, cuya transposición continúa pendiente de efectuarse, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 sobre reestructuración e insolvencia. En definitiva, dilucidaremos las previsiones de la legislación societaria y concursal acerca de la responsabilidad de los órganos representativos de la voluntad social, a saber, la Junta General y el Órgano de Administración, con las cuales se trata de incentivar la ejecución de esta medida con visas a lograr un equilibrio entre el amparo de los intereses de terceros acreedores y la pervivencia de las sociedades viables desde la perspectiva operativa, pero acuciadas financieramente.

In this paper, we will proceed to exhaustively develop the mechanism involved in the capitalisation or conversion of debt as a corporate restructuring measure, as well as the effects that such a corporate action could have on the shareholders, such as the logical dilution of their shareholding or reduction of their shareholding percentage with the entry of creditors as new investors in the company's capital, or other similar effects. Consequently, we will analyse the main doctrinal disputes about the underlying nature of this figure, attempting to clarify whether the capital increase by offsetting credits is analogous to capital increases charged to cash contributions, or whether, on the contrary, the debit to be offset is similar to non-monetary contributions. Secondly, we will examine the transcendence of this figure in the insolvency and preinsolvency sphere, focusing on the dissuasive instruments that the legislator has provided in terms of liability, such as the new reform of insolvency legislation, channelled through Royal Legislative Decree 1/2020, of 5 May, which approves the revised text of the Insolvency Act (TRLC), or the Community Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on frameworks for preventive restructuring, debt waivers and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and debt waiver proceedings, whose transposition is still pending, and which amends Directive (EU) 2017/1132 on restructuring and insolvency. In short, we will elucidate the provisions of corporate and insolvency legislation on the liability of the boards representing the corporate will, namely the General Meeting and the Board of Directors, which seek to encourage the implementation of this measure with a view to achieving a balance between protecting the interests of third-party creditors and the survival of companies that are viable from an operational perspective, but financially distressed.