Por un cambio de cultura en la gestión de los datos en España : una propuesta de reforma

Abstract

— La gestión de la información durante la pandemia ha puesto al descubierto graves debilidades para gestionar y coordinar datos en España. Estas debilidades no afectan solamente al ámbito sanitario, sino que se extienden al resto de la administración. Mientras que, en los últimos años, numerosos países de nuestro entorno han realizado avances significativos en la digitalización y apertura de la administración, España se está quedando rezagada. Debemos abordar dos retos principales: (1) mejorar nuestra capacidad de recolectar y procesar datos y (2) expandir la capacidad de analizarlos. — Una mayor transparencia y disponibilidad de datos tendría efectos enormemente positivos para todos: un uso más eficiente de los recursos públicos, una mejor investigación científica, una mejor capacidad de respuesta ante los retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos y una mayor calidad democrática. La buena noticia es que el Plan de Recuperación para Europa nos ofrece una oportunidad única para una reforma en la dirección correcta, con una dotación prioritaria de fondos destinada a “reformas para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas a través de la digitalización”. — Respecto a cómo mejorar nuestra capacidad de recolectar y procesar datos, proponemos: (1) establecer mecanismos de coordinación entre distintos niveles de la administración para hacer los sistemas informáticos compatibles entre sí y fomentar el intercambio de datos, (2) realizar una inversión ambiciosa en capital humano, contratando informáticos, ingenieros y expertos en ciencia de datos, y (3) un compromiso firme de mantener esta iniciativa al margen de la disputa política, al tratarse de un proyecto de país. — Para dar respuesta al segundo reto y expandir nuestra capacidad de analizar datos, nuestras propuestas se basan en las mejores experiencias internacionales y responden a cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué institución debe custodiar los datos? ¿Cómo se garantizará la confidencialidad? ¿Cuáles deberían ser los criterios de acceso a los datos? ¿Cómo se accedería a los datos? En concreto, proponemos que se formalice un consorcio entre instituciones y organismos públicos (INE, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Banco de España, la AIReF y los Gobiernos Autonómicos) y cuáles deberían ser los criterios para el acceso a esos datos que garanticen el respeto a la privacidad y un acceso ágil a la comunidad científica.