Gravamen a los beneficios extraordinarios de las entidades de crédito.

Abstract

El 28 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 38/2022 por la que se establecerá un gravamen temporal a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito durante los años 2023 y 2024, con posibilidad de prorrogarlo en el último trimestre de 2024.

La coyuntura económica en la que nos encontramos esta marcada principalmente por la fuerte inflación a la que se esta haciendo frente de manera global. Una continuada tasa de inflación por encima de niveles del 2 por ciento se considera que tiene grandes perjuicios para los ciudadanos. Por ello, el Banco Central Europeo toma la decisión de llevar a cabo una política monetaria restrictiva aumentando los tipos de interés.

Ante esta circunstancia, los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno de coalición en España deciden implementar un gravamen sobre los beneficios considerados extraordinarios que obtendrán las entidades financieras de crédito como consecuencia directa del incremento de tipos de interés. El objetivo que se busca es poder financiar un pacto de rentas que permita reducir las severas consecuencias de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares.

La promulgación de la ley ha traído consigo controversia jurídica por diversas circunstancias. La iniciativa legislativa empleada; la naturaleza de la prestación, poniendo en duda si se trata de una prestación tributaria o no; la no deducibilidad del gasto que conlleva y sus implicaciones en la competencia y en la capacidad económica; y, la retroactividad en la que pueda incurrir la norma legal

On December 28, Law 38/2022 was published in the Official State Gazette, establishing a temporary levy on credit institutions and financial credit establishments for the years 2023 and 2024, with the possibility of extending it in the last quarter of 2024.

The economic situation in which we find ourselves is mainly marked by the strong inflation that is being faced globally. A continued inflation rate above 2 percent is considered to be highly detrimental to the public. The European Central Bank has therefore decided to pursue a restrictive monetary policy by raising interest rates.

In view of this circumstance, the parliamentary groups that make up the coalition government in Spain decided to implement a tax on the profits considered extraordinary that financial credit institutions will obtain as a direct consequence of the increase in interest rates. The aim is to be able to finance an income pact to reduce the severe consequences of inflation on the purchasing power of households.

The enactment of the law has brought with it legal controversy due to several circumstances. The legislative initiative used; the nature of the benefit, calling into question whether it is a tax benefit or not; the non-deductibility of the expense it entails and its implications on competition and economic capacity; and the retroactivity in which the legal rule may be incurred.