Las operaciones intragrupo en las sociedades de capital

Abstract

La regulación de las operaciones intragrupo ha sido una de las grandes ausencias del Derecho de sociedades español, pese a la relevancia práctica y económica de los grupos de sociedades. Con la Ley 5/2021, de 12 de abril, se introduce por primera vez un régimen jurídico específico a través del artículo 231 bis LSC, aplicable tanto a sociedades cotizadas como no cotizadas. Este trabajo analiza dicho régimen desde una perspectiva crítica, abordando cuestiones fundamentales como la noción del interés de grupo, su legitimación jurisprudencial mediante la teoría de las ventajas compensatorias, la delimitación de las partes vinculadas y el alcance del presupuesto objetivo de la norma. Asimismo, se estudia el reparto competencial en la aprobación de estas operaciones, la participación del administrador dominical en contextos de conflicto y la efectividad real de los mecanismos de protección previstos, particularmente en escenarios de insolvencia de la filial. A la luz de este análisis, se reflexiona sobre los límites del modelo actualmente vigente y se plantea la conveniencia de avanzar hacia una revisión más integral, que permita dotar de mayor coherencia y eficacia al régimen jurídico de los grupos de sociedades, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de la dirección unitaria y la protección sustantiva de los intereses en conflicto.

The regulation of intragroup transactions has historically been one of the major gaps in Spanish company law, despite the economic and practical significance of corporate groups. Law 5/2021, of April 12, introduces for the first time a specific legal regime through Article 231 bis of the Spanish Companies Act, applicable to both listed and unlisted companies. This paper critically analyses the new framework, focusing on key issues such as the notion of group interest, its judicial recognition through the theory of compensatory advantages, the delineation of related parties, and the scope of the regime’s objective requirement.The study also examines the distribution of powers in the approval process, the role of parent-appointed directors in conflict scenarios, and the effectiveness of the protective mechanisms, particularly in situations involving the insolvency of a subsidiary. In light of these considerations, the paper reflects on the limitations of the current model and explores the need for a more integrated approach that could enhance the coherence and effectiveness of the legal treatment of corporate groups, particularly through formal recognition of unified direction and a more robust protection of affected interests.