El régimen especial de las operaciones de reestructuración empresarial en la Ley del impuesto sobre sociedades : análisis jurídico de su aplicación, límites y compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea

Abstract

El régimen especial aplicable a las operaciones de reorganización empresarial se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar la neutralidad fiscal en contextos donde la eficiencia estructural es esencial. Sin embargo, su aplicación en el ordenamiento español ha generado importantes controversias interpretativas, especialmente en relación con la cláusula antiabuso. Este trabajo, a partir de un análisis sistemático de la normativa interna, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina comunitaria, pone de relieve que, pese a los avances interpretativos por parte de los tribunales, la redacción vigente del artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al introducir el concepto de “ventaja fiscal” como criterio autónomo de exclusión, se aparta de los objetivos perseguidos por la Directiva 2009/133/CE. Se concluye que esta divergencia normativa compromete la seguridad jurídica del contribuyente y evidencia la necesidad de una reforma que restablezca la coherencia del sistema con los principios de la Directiva.

The special tax regime applicable to corporate reorganisation operations has become a key instrument for ensuring tax neutrality in contexts where structural efficiency is essential. However, its implementation within the Spanish legal framework has given rise to significant interpretative uncertainties, particularly concerning the anti-abuse clause. This study, based on a systematic analysis of domestic legislation, Supreme Court case law and relevant EU doctrine, highlights that, despite the interpretative developments made by the courts, the current wording of Article 89.2 of the Spanish Corporate Income Tax Act—by introducing the concept of "tax advantage" as an autonomous ground for exclusion—deviates from the objectives set out in Directive 2009/133/EC. It is concluded that such normative divergence undermines the legal certainty of the taxpayer and underscores the need for legislative reform to restore consistency with the principles of European Union law.