La irreversibilidad de los derechos (conquistas) sociales

Abstract

El principio de no regresión ambiental impide la reversión de la protección ambiental salvo por razones legítimas y basadas en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Fundamentado en la noción de progresión constante de los derechos fundamentales, un profundo desarrollo político y doctrinal ha llevado a su consolidación legislativa y jurisprudencial como un verdadero freno a la regresión ambiental. En España, su reconocimiento comenzó en el ámbito urbanístico y se estableció explícitamente en la Ley 7/2021, exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo una justificación cada vez más rigurosa para cualquier retroceso normativo, especialmente en la recalificación de zonas verdes y espacios naturales. No obstante, el Tribunal Constitucional aún no lo ha integrado en su canon de constitucionalidad. Su desarrollo supone una verdadera innovación respecto a la irreversibilidad limitada de los derechos sociales, reforzando la estabilidad de los estándares ambientales. Sin embargo, la extensión de este principio a otros derechos sociales enfrenta una serie de críticas relativas a los límites a la discrecionalidad de los poderes públicos, la sostenibilidad financiera y la judicialización de la competencia presupuestaria.

The principle of environmental non-regression prevents the reversion of environmental protection except for legitimate reasons based on the criteria of reasonableness and proportionality. Rooted on the constant progression of fundamental rights, a profound political and doctrinal development of the principle has led to its legislative and jurisprudential consolidation as a real brake on environmental regression. In Spain, its recognition began in the urban planning field and was explicitly established in Law 7/2021, with the case law of the Supreme Court demanding an increasingly rigorous justification for any regulatory retrogression, especially in the requalification of green areas and natural spaces. However, the Constitutional Court has not yet integrated it into its canon of constitutionality. Its development represents a real innovation with respect to the limited irreversibility of social rights, reinforcing the stability of environmental standards. However, the extension of this principle to other social rights faces a series of criticisms regarding the limits to the discretion of public authorities, financial sustainability and the judicialization of budgetary competences.