Retos de la comunidad internacional ante la piratería marítima a la luz del Derecho Internacional

Abstract

Este estudio analiza los principales retos a los que se enfrenta la Comunidad Internacional en la lucha contra la piratería marítima, un fenómeno de gran relevancia cuya naturaleza y características dificultan su persecución, poniendo en riesgo tanto el transporte marítimo como a la Comunidad Internacional en su conjunto. Dado el alcance limitado de este trabajo, el análisis se centra en tres retos clave. En primer lugar, se examina el desafío conceptual derivado de la falta de armonización normativa entre el Derecho Internacional, particularmente lo establecido en la CONVEMAR, y los ordenamientos internos de los Estados. Esta disparidad dificulta una respuesta coordinada y eficaz ante la piratería, como se evidencia en el caso Alakrana. En segundo lugar, se aborda la problemática del ejercicio de la jurisdicción, ya que muchos Estados renuncian o no pueden enjuiciar a los presuntos piratas tras su captura. Esto puede deberse a la ausencia de tipificación del delito en sus legislaciones nacionales o a la falta de recursos para llevar a cabo un apresamiento y enjuiciamiento adecuado. Como consecuencia, el principio de justicia universal enfrenta serias dificultades para aplicarse de manera efectiva. Por último, incluso cuando se superan los retos anteriores, persiste el reto de garantizar los derechos procesales y el debido proceso a los acusados. En operaciones como Atalanta, esto quedó en evidencia al entregarse a presuntos piratas a Estados cuyos sistemas judiciales carecían de dichas garantías mínimas.

This study analyzes the main challenges faced by the international community in the fight against maritime piracy, a highly relevant phenomenon whose nature and characteristics make it difficult to prosecute, putting at risk both maritime transport and the international community as a whole. Given the limited scope of this paper, the analysis focuses on three key challenges. First, it examines the conceptual challenge arising from the lack of regulatory harmonization between international law, particularly the provisions of UNCLOS, and the domestic laws of States. This disparity hinders a coordinated and effective response to piracy, as evidenced in the Alakrana case. Secondly, it addresses the problem of the exercise of jurisdiction, as many States waive or are unable to prosecute suspected pirates after their capture. This may be due to the absence of criminalization of the crime in their national legislation or lack of resources to carry out an adequate arrest and prosecution. As a result, the principle of universal justice faces serious difficulties in being effectively implemented. Finally, even when the above challenges are overcome, the challenge of ensuring procedural rights and due process for the accused remains. In operations such as Atalanta, this was evidenced by the rendition of suspected pirates to states whose judicial systems lacked such minimum guarantees.