Hacia la responsabilidad directa de la Administración por daños derivados de la contratación pública: nueva doctrina del Consejo de Estado

Abstract

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se fundamenta en el carácter directo del deber de reparación de los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, en la contratación pública, la mediación de terceros contratistas ha generado confusión sobre esta responsabilidad. Tradicionalmente, el contratista asume la indemnización de los daños a terceros, salvo que estos sean consecuencia directa de órdenes administrativas o de defectos en proyectos elaborados por la Administración.

El artículo 97 del TRLCAP establece que las reclamaciones deben presentarse ante el órgano de contratación, que decide sobre la responsabilidad. Este procedimiento genera incertidumbre sobre la jurisdicción competente y puede prolongar el proceso judicial si la Administración traslada la responsabilidad al contratista.

El Consejo de Estado ha emitido dictámenes recientes que podrían consolidar la responsabilidad directa de la Administración en la contratación pública. A pesar de los intentos de unificar la jurisdicción mediante la Ley 29/1998 y la Ley 30/1992, la coexistencia de diferentes normativas y órdenes jurisdiccionales sigue generando conflictos legales. En conclusión, es fundamental analizar la evolución de la doctrina para consolidar un marco jurídico claro y equitativo en materia de responsabilidad patrimonial en contratación pública.

The patrimonial liability of Public Administrations is based on the direct duty to compensate for damages caused by the operation of public services. However, in public procurement, the involvement of third-party contractors has created confusion regarding this liability. Traditionally, the contractor is responsible for compensating third-party damages unless these result directly from administrative orders or defects in projects designed by the Administration.

Article 97 of the TRLCAP stipulates that claims must be submitted to the contracting authority, which determines liability. This process creates uncertainty about the competent jurisdiction and may prolong legal proceedings if the Administration shifts responsibility to the contractor.

The Council of State has recently issued opinions that could strengthen the direct liability of the Administration in public procurement. Despite efforts to unify jurisdiction through Law 29/1998 and Law 30/1992, the coexistence of different regulations and judicial bodies continues to generate legal conflicts. In conclusion, analyzing the evolution of legal doctrine is essential to establishing a clear and fair legal framework regarding patrimonial liability in public procurement.