El conflicto entre Israel y Palestina desde el Derecho Penal Internacional.

Abstract

El presente trabajo analiza el conflicto armado en la Franja de Gaza entre Israel y la organización terrorista Hamás iniciado el 7 de octubre de 2023 desde la perspectiva del Derecho Penal Internacional (en adelante, DPI). El objetivo es determinar si alguna de las conductas es subsumible en los tipos del Estatuto de Roma de 1998 y quién responde penalmente por ellas. Para ello, el trabajo, en primer lugar, estudia las fuentes del Derecho pertinentes para el análisis, para después examinar seis hechos representativos cometidos por ambas partes del conflicto. Por último, el trabajo pretende dar una visión real de lo que está ocurriendo y examina los procedimientos en curso ante la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI) y el Tribunal Internacional de Justicia (en adelante, TIJ). Las conclusiones sostienen que el conflicto ha generado crímenes de guerra acreditados imputables a responsables individuales de ambas partes, que la calificación de genocidio plantea exigencias probatorias que el análisis disponible no permite satisfacer de forma concluyente, y que el sistema del DPI dispone de las normas necesarias para responder a los hechos pero, al menos por el momento, carece de los mecanismos de ejecución suficientes para hacerlas cumplir.

This paper analyses the armed conflict between Israel and the Gaza Strip that began on 7 October 2023 through the lens of International Criminal Law. The aim is to determine which conducts are subsumable under the types of the 1998 Rome Statute and who bears individual criminal responsibility for them. To that end, the paper develops a legal framework combining the Rome Statute with customary International Humanitarian Law, analyses six representative scenarios drawn from the conduct of both parties to the conflict, and examines the ongoing proceedings before the International Criminal Court and the International Court of Justice. The conclusions hold that the conflict has generated accrued war crimes attributable to individual actors on both sides, that the charge of genocide raises evidentiary demands which the available analysis does not permit to satisfy conclusively, and that while the International Criminal Law system has the substantive rules necessary to address the facts, it lacks the enforcement mechanisms needed to give those rules practical effect.