La protección del inversor en la normativa MiFID

Abstract

La normativa MiFID I, liderada por la Directiva 2004/39/CE, continuó el camino iniciado por su predecesora, la Directiva 93/22/EEC, orientado a conseguir un mercado financiero europeo integrado y eficiente, que garantizara la protección del inversor.

Las teorías de la asimetría de la información existente entre las empresas de inversión y sus clientes han motivado que se profundice aún más en este último campo. Este trabajo aborda las garantías que MiFID proporciona a los clientes, centrándose en los minoristas, así como la otra cara de la misma moneda, las obligaciones en las que aquellas se traducen para las entidades. En concreto, el trabajo se centrará en los cuatro puntos principales relativos a la protección al inversor: la evaluación de la conveniencia e idoneidad, el principio de ejecución óptima, la obligación de informar al cliente y la política de gestión de conflictos de interés.

Respecto a la primera de estas cuestiones, se examinan cuáles son los supuestos en los que cada uno de estos tests ha de ser llevado a cabo, analizando el alcance del concepto de asesoramiento financiero y de producto complejo. Además, se determinarán los requisitos de la información que ha de recabar la entidad para cumplir sus obligaciones al respecto, así como los criterios con los que los clientes deberán cumplir para considerar haber superado favorablemente los mismos.

En relación con el principio de ejecución óptima, se exponen cuáles son las variables que han de tenerse en cuenta y cómo han de ponderarse cada una de ellas para que las empresas de inversión cumplan con sus obligaciones. Asimismo, se prestará atención a cómo opera este principio en los supuestos en los que las entidades reciban instrucciones específicas de sus clientes.

En tercer lugar se analizará la extensión de la obligación de informar. En este sentido, se verá no sólo sobre qué aspectos ha de aportar la entidad información, sino también las características que esta ha de reunir para considerar que la empresa de inversión está cumpliendo con sus obligaciones. Además, profundizaremos en uno de los puntos más relevantes: la obligación de informar en relación con los distintos instrumentos financieros.

En lo que respecta a los conflictos de interés, analizaremos cuándo se considera que tienen lugar, así como las medidas que las empresas de inversión han de tomar para evitarlos, incidiendo en el enfoque preventivo que aporta la Directiva. Asimismo, se examina el supuesto de la revelación de la existencia de un conflicto de intereses y los requisitos con los que esta ha de cumplir para permitir afirmar que la empresa de inversión cumple con sus obligaciones al respecto.

Finalmente, el trabajo concluye con un cuarto capítulo en el que se analizan las principales novedades que introduce MiFID II, el siguiente paso de la Unión Europea, normativa que entrará en vigor a principios de 2018; respecto a los cuatro aspectos mencionados anteriormente.

The Regulation known as MiFID I, introduced by the Directive 2004/39/EC, continued on the path started by its predecessor, the Directive 93/22/EEC, aimed at achieving an integrated and efficient European market that would ensure investor protection.

Also, the theories of asymmetries of information have called for further improvement on this area. This dissertation addresses the guarantees with which MiFID provides clients, focusing on retail ones, as well as the other side of the same coin – the obligations on which those are translated for the financial entities. In particular, this paper will focus on the four key aspects affecting investor protection: the appropriateness and suitability tests, the best execution principle, the obligation to inform the client and the managing of conflicts of interest.

Regarding the first of these points, it will be examined which are the cases on which each of these tests has to be carried out, focusing on the concepts of investment advice and complex product. Also, it will be determined what are the requirements of the information that the financial entity must gather, as well as the criteria that clients must fulfill in order to consider that they have passed the tests.

With regard to the best execution principle, the main variables to be taken into account as well as how to weigh each of them are presented. Also, how this principle applies in situation that financial entities receive specific orders from clients will be set forth.

Thirdly, the scope of the obligation to inform will be analyzed. In this way, it will be addressed not only which specific pieces of information the financial entity has to provide the clients with, but also the criteria that this information must meet in order to consider that the financial entities are complying with their obligations. Also, we will delve into one of the most relevant points regarding this obligation: the obligation to inform about the several financial products offered.

With respect to conflicts of interest, when it is considered that they are taking place, as well as the concrete measures financial entities must take to prevent them are analyzed, focusing on the preventive approach hold by MiFID. Furthermore, it will be examined the case of disclosure of the conflict of interest, as well as the requisites with which it must comply in order to consider that the financial entity are complying with their obligations.

Finally, the dissertation concludes with a fourth chapter in which the key developments introduced by MiFID II, the next European regulation regarding financial markets, which will enter into force in January 2018; are examined.