La prohibición de limitaciones a la venta por internet como conducta anticompetitiva

Abstract

El crecimiento de las ventas por Internet lleva consigo nuevas conductas por parte de las empresas fabricantes o proveedoras que, tratando de imponer a sus distribuidores en línea las mismas normas que a los establecimientos físicos, pueden llegar a afectar a la competencia, lo que hace que surjan dudas sobre cómo abordar tales limitaciones en esta nueva realidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de que su postura fijada inicialmente con respecto a este tipo de limitaciones impuestas sobre la venta en línea de productos de lujo parecía rígida, la matiza en su pronunciamiento más reciente. Así pues, empieza a aceptar en cierta medida algunas de las restricciones impuestas por las empresas proveedoras o fabricantes, suavizando de este modo su decisión anterior. A pesar de que la posición del Tribunal se aclara en algunos puntos, quedan aún dudas por resolver y surgen algunas nuevas. Es por esto que estas prácticas llevadas a cabo por las empresas se valoran a nivel nacional de manera no armonizada, quedando a la espera de una opinión firme y clara que guíe las conductas que han de seguir las autoridades nacionales de la competencia de los distintos Estados Miembro para afrontar este nuevo panorama.

Online sales’ growth also entails that manufacturing or supplier companies, when trying to impose on their online retailers the same rules than on their brick and mortar shops, may disrupt competition, what leads to new questions about how to assess these limitations. European Union Court of Justice, although its previous ruling on limitations imposed on the online sales of luxury products was rigid, it is qualified on its new ruling. Therefore, the Court begins to accept, to a certain extent, some of the restrictions imposed by the companies, softening this way its former approach. Even though the opinion of the Court is clarified in some areas, there are still doubts to be solved and new questions are arising. For this reason, the conducts carried out by the companies are assessed in different ways at the state-level, awaiting for a stronger and more obvious opinion that may be followed by the national competition authorities of the Member States in order to handle this new scenario.