Efectos de las reformas laborales en el despido colectivo
Abstract
El presente trabajo constituye un estudio de las modificaciones que las sucesivas
reformas laborales han llevado a cabo en el régimen jurídico del despido colectivo. La
crisis económica que sufre España desde el año 2008 puso de manifiesto la
insostenibilidad del modelo laboral vigente en aquel momento, de esta forma la reforma
se imponía como necesidad. Se analizan principalmente cuatro normas: la Ley 3/2012,
de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada, la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley
1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social. Todas ellas operan reformas en el
Estatuto de los Trabajadores, dando lugar a un régimen jurídico del despido colectivo
más objetivo, formalista y extenso. A pesar de que el objetivo del legislador era dotar de
seguridad jurídica al procedimiento, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto una serie
de problemas de aplicación práctica que no cumplen con tal objetivo. The present work is a study of the changes that the successive labor reforms
carried out in the legal system of collective dismissal. The economic crisis in Spain
since 2008 highlighted the unsustainability of the current labor model at the time, thus
the reform was imposed as a necessity. Mainly four standards are analyzed: Law
3/2012, of July 6, on urgent measures to reform the labor market, Royal Decree
1483/2012, of October 28, regulation of procedures approved, the Law 39/2011, of October 10, regulating the labor courts and the Law 1/2014, of February 28, for the
protection of part-time workers and other urgent measures in the economic and social
order. They all operates reforms in the Workers´ Statute, giving rise to a legal regime of
the collective dismissal more objective, formal and extensive. Although the goal of the
Legislature was to provide legal security procedure, case law highlighted a number of
practical implementation issues that do not meet this objective.