Aproximación a la regulación de las comunidades energéticas en España. Oportunidades y riesgos en el mercado eléctrico español

Abstract

Las Directivas 2018/2001 y 2019/944 han introducido en el marco normativo comunitario la comunidad de energía renovable y la comunidad ciudadana de energía, respectivamente, como medios para la consecución de los objetivos de política energética de la UE. A diferencia del autoconsumo colectivo que venía desarrollándose en derecho español, en virtud del RD 244/2019, estas nuevas figuras jurídicas adolecen de trasposición en nuestro ordenamiento, si bien son ya numerosos los municipios de nuestra geografía los que han asumido la iniciativa de promoverlas y fomentarlas. Y ello porque buscan crear sinergias compartidas entre todos sus miembros para contrarrestar las tensiones del mercado eléctrico, articulando a tal efecto un modelo de participación abierta y voluntaria que incentive la democratización en el acceso a la energía. La generación descentralizada se presenta así como un mecanismo de cohesión para lograr los beneficios económicos, sociales y medioambientales que tanto la CER como la CCE pretenden. Ahora bien, en este iter legislativo afloran problemáticas, entre las que destacan la dificultad de delimitar con precisión el objeto, forma, funciones y alcance de cada una de las tipologías, y su encaje con la normativa general en materia de contratación pública, protección del patrimonio histórico o propiedad horizontal, entre otras, que habrá que dirimir al objeto de evitar disuadir a la inversión privada. De otro modo, un esquema fuertemente dependiente de la participación de entidades públicas para la reinversión de los retornos en pro de la propia comunidad desnaturalizaría la existencia misma de las directivas objeto de análisis en el contexto de la estructura de abastecimiento energético de la Península.

Directives 2018/2001 and 2019/944 have introduced into the EU regulatory framework the renewable energy community and the citizen energy community, respectively, as a means of achieving the EU's energy policy objectives. Unlike the collective self-consumption that has been developing in Spanish law, by virtue of RD 244/2019, these new legal concepts have not been transposed into Spanish law, although many municipalities in Spain have already taken the initiative to promote and encourage them. This is because they seek to create shared synergies among all their members to counteract the tensions of the electricity market, articulating for this purpose a model of open and voluntary participation that encourages the democratisation of access to energy. Decentralised generation is thus presented as a cohesion mechanism to achieve the economic, social and environmental benefits sought by both the REC and the CEC. However, problems arise in this legislative process, including the difficulty of precisely defining the purpose, form, functions and scope of each of the typologies, and how they fit in with the general regulations on public procurement, protection of historical heritage or horizontal property, among others, which will have to be resolved in order to avoid dissuading private investment. Otherwise, a scheme heavily dependent on the participation of public entities for the reinvestment of returns for the benefit of the community itself would distort the very existence of the directives under analysis in the context of the energy supply structure of the Iberian Peninsula.