De partibus in causis

Abstract

Este artículo responde a la necesidad desarrollar los criterios que el Código de 1983 había establecido para ser parte en el proceso canónico. Partiendo de la «capacidad para ser parte» y de la «capacidad procesal», el autor se centra en el análisis de los sujetos legitimados para pedir la nulidad del matrimonio. Analiza esta cuestión porque era necesario, por una parte, ver el contenido de las limitaciones que establecía la anterior legislación (el culpable de la nulidad carecía de legitimación, y también el acatólico y el apóstata); por otra parte, había que explicar el proceso que se había seguido desde el Código de 1917 hasta el de 1983, haciendo concrección de todos los pasos que se fueron dando hasta la superación de esas limitaciones del ius impugnandi matrimonium. Sobre esta cuestión el autor ya había publicado un libro en 1998 («El derecho a impugnar el matrimonio. El litisconsorcio activo de los cónyuges», Salamanca 1998), sin embargo, la publicación de la Instrucción Dignitas Connubii en 2005 obligaba a una explicación de las normas que en ella se contienen, normas que desarrollan las disposiciones codiciales, pero que también innovan lo establecido por el legislador. El artículo explica cómo sólo los cónyuges tienen legitimación «originaria» para pedir la nulidad del matrimonio, ahora sin limitación alguna. Además de ellos, el promotor de justicia goza de legitimación «sustitutiva», siempre que se cumplan los requisitos que establecía el can. 1674, 2º del Código de 1983; por último, se contemplan las hipótesis de impugnación póstuma del matrimonio o de prosecución post mortem de la causa, dejándose constancia de la situación procesal de los «terceros» en relación con los procesos de nulidad del matrimonio, cuya intervención queda limitada al instituto procesal de la «interveción» o a la participación como testigo. El interés del estudio radica, no sólo en ser una exposición exhaustiva de los requisitos para ser parte del proceso de nulidad del matrimonio, sino en exponer el fundamento de cada uno de ellos, de manera particular de la legitimación: la legitimación procesal se vincula con la titularidad de los derechos; sólo los cónyuges son titurales de los mismos —entre ellos, el derecho a conocer la verdad del propio estado personal, el ius connubii, el derecho a la tutela judicial efectiva…—, no los terceros, de ahí que sólo ellos tengan legitimación originaria.

This article addresses the need to develop the criteria established by the 1983 Code to be a party in the canonical process. Beginning with the "capacity to be a party" and "procedural capacity," the author focuses on analyzing the subjects entitled to request the annulment of marriage.

The author examines this issue to clarify, on one hand, the limitations imposed by the previous legislation (e.g., those responsible for the nullity, non-Catholics, and apostates lacked standing). On the other hand, it was necessary to explain the process followed from the 1917 Code to the 1983 Code, detailing all the steps taken to overcome these limitations to the ius impugnandi matrimonium. The author had already addressed this topic in a 1998 book ("The Right to Challenge Marriage: The Active Litigant Role of Spouses," Salamanca, 1998), but the publication of the Dignitas Connubii Instruction in 2005 prompted further explanation of its norms. These norms elaborate on codified provisions and also introduce innovations by the legislator.

The article explains that only spouses have "original" standing to request marriage annulment, now without restrictions. Additionally, the promoter of justice enjoys "substitute" standing if the requirements of Canon 1674 §2 of the 1983 Code are met. Posthumous challenges or continuations of annulment cases are addressed, along with the procedural status of "third parties," whose involvement is limited to procedural intervention or participation as witnesses.

The study's significance lies in its comprehensive exposition of the requirements to participate in marriage annulment cases and in highlighting the foundations of procedural standing, especially linked to the rights exclusively held by the spouses, such as the right to know their personal status, ius connubii, and the right to effective judicial protection.