Externalización de fronteras y vulneraciones de derechos humanos: la responsabilidad del Estado español y de la Unión Europea

Abstract

El presente trabajo analiza las políticas de externalización del control migratorio de la Unión Europea y del Estado español, con especial atención a las vulneraciones de derechos humanos que estas generan en terceros países. A partir del estudio de caso de los denominados desert dumps o abandonos en el desierto, el trabajo examina si los elementos fácticos acreditados reúnen los presupuestos jurídicos para atribuir responsabilidad internacional a los actores implicados: la Unión Europea, el Estado español y la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP). El análisis se apoya en el marco normativo del Derecho Internacional de los derechos humanos (incluyendo los ARSIWA, los ARIO, el CEDH y la CDFUE) y en la jurisprudencia del TEDH y el TJUE. El trabajo identifica un patrón acumulado de vulneraciones que comprende el principio de non-refoulement, la prohibición de tortura, el derecho a la vida, la prohibición de expulsiones colectivas, la interdicción de la detención arbitraria, la prohibición de discriminación racial y el derecho a un recurso efectivo. Concluye que la responsabilidad derivada de estas prácticas es de naturaleza estructural y no accidental, que los presupuestos jurídicos para su eventual activación parecen concurrir respecto de los actores analizados, y que el litigio estratégico ante el TEDH constituye la vía procesalmente más prometedora para hacer efectiva esa responsabilidad. El trabajo sostiene, como premisa transversal, que los derechos humanos no pueden quedar subordinados a consideraciones de política migratoria, y que el sistema de responsabilidad internacional existe precisamente para que esa afirmación no sea retórica.This paper analyses the European Union's and Spain's migration control externalisation policies, with particular focus on the human rights violations they generate in third countries. Drawing on the case study of so-called desert dumps, the paper examines whether the established factual elements meet the legal requirements for attributing international responsibility to the actors involved: the European Union, the Kingdom of Spain, and the Foundation for the Internationalisation of Public Administrations (FIAP). The analysis is grounded in the normative framework of international human rights law, including the ARSIWA, the ARIO, the ECHR and the CFREU — and in the case law of the ECtHR and the CJEU. The paper identifies a cumulative pattern of violations encompassing the principle of non-refoulement, the prohibition of torture, the right to life, the prohibition of collective expulsions, the prohibition of arbitrary detention, the prohibition of racial discrimination, and the right to an effective remedy. It concludes that the responsibility arising from these practices is structural rather than accidental, that the legal prerequisites for its potential activation appear to be present with respect to the actors analysed, and that strategic litigation before the ECtHR constitutes the most procedurally promising avenue for enforcing that responsibility. The paper maintains, as a cross-cutting premise, that human rights cannot be subordinated to migration policy considerations, and that the system of international responsibility exists precisely to ensure that this assertion does not remain merely rhetorical.